Según explicó el pasado sábado en su discurso de posesión el nuevo presidente del Legislativo, el diputado colonense Jaime Vargas, la norma deberá debatirse a profundidad, pero adaptada a la realidad nacional para que no sea utilizada como un arma de persecución política.
Sobre esta iniciativa, Jonathan Riggs, secretario general del Ministerio de Seguridad, su principal ente impulsor, alertó sobre las implicaciones de dilatar la discusión de un proyecto presentado al parlamento en 2021.
La propuesta, vista como una herramienta para enfrentar delitos como el narcotráfico y la corrupción, ha encontrado en el camino varios tropiezos diversos desde hace dos años y por estos días se mantiene en una mesa técnica.
Según Rigss, entre los aspectos procesales que han estancado el debate, están las nulidades en caso de que hayan objeciones por parte de la defensa en torno a cómo se inicia el proceso de extinción de dominio y las pruebas que debe presentar la Fiscalía.
Además cuestionan los tiempos de investigación y la jurisdicción especial, que si estará en el Órgano Judicial o en el Ministerio Público, trascendió.
“La Asamblea Nacional tendrá la responsabilidad de definir si se va a generar una jurisdicción completamente nueva, tipo Tribunal de Cuentas, o determinar si se le va a permitir al Órgano Judicial y al Ministerio Público incorporar en su estructura orgánica la figura del juez de extinción y del fiscal de extinción de dominio”, precisó.
Acerca de la norma el propio ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, dijo a la prensa que, de sancionarse, el 80 por ciento de lo incautado será para obras sociales, de ahí la importancia de la existencia del instrumento jurídico para enfrentar el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y otros delitos asociados al crimen organizado.
De otra parte, Vargas adelantó que también deben discutir sin demoras el presupuesto de la Asamblea para 2024 y un controversial contrato suscrito entre el Estado y Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum.
“Este presupuesto deberá garantizar la continuidad, viabilidad financiera de todo el año y que el nuevo gobierno que se instalará el 1 de julio de 2024 pueda tener una economía y finanzas saludables”, señaló.
Además sostuvo que buscará que los diputados aprueben leyes necesarias que les permitan salir de todas las listas grises o negras “que traten de imponernos”, en alusión al listado discriminatorio del Grupo de Acción Financiera Internacional, en el cual Panamá permanece desde 2019.
Al respecto, el propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo ante el plenario que en septiembre próximo visitará el istmo una comisión técnica de GAFI para evaluar el cumplimiento de unas 15 medidas del plan de acción sugerido por el ente a la nación canalera. jcm/ga
