La Unión Nacional de Educadores (UNE) emitió este miércoles un comunicado donde afirman que, de entrar en vigor, esa medida violentaría los derechos de los trabajadores alcanzados en la Constitución y en la Ley de Seguridad Social.
El gremio advirtió que en caso de concretar las reformas habría movilizaciones y recomendó al Ejecutivo pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) los 24 mil millones que adeuda a esa entidad para que sea sostenible.
En la misma línea se pronunció la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) que repudió la intención del Gobierno de aumentar los años de aportación, lo cual tendrá consecuencias adversas en para empleados, principalmente jóvenes.
Este tipo de normas implica una mayor carga para los trabajadores, quienes deberán prolongar su vida laboral y destinar más años de esfuerzo y dedicación para alcanzar una pensión jubilar completa, sostuvo la Ceosl en su comunicado.
La comisión especial conformada por el presidente Guillermo Lasso para darle sostenibilidad al fondo de pensiones del IESS, expuso este miércoles sus sugerencias.
Entre las modificaciones no prevén aumentar la edad mínima para la jubilación, de 60 años, ni incrementar los porcentajes actuales de aportes.
Las pensiones aquí se calculan en base a los cinco mejores años de ingresos de la vida laboral del afiliado, sin embargo, el equipo de expertos sugiere subir gradualmente hasta llegar a los 30 años de mejor remuneración.
De acuerdo con el coordinador de la comisión, Augusto de la Torre, que fue jefe del Banco Mundial para América Latina, existe un problema de viabilidad del sistema de pensiones, el cual es cada vez más difícil de pagar por parte del IESS.
Por eso otras de las propuestas es buscar que las personas trabajen más allá de los 60 años mediante “incentivos”, que según la UNE “no son otra cosa que pura demagogia”.
Para el vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IESS, Henry Llanes, la intención de estas reformas es aumentar los años de aportación y los cambios afectarán a las próximas generaciones.
Antes de entrar en vigor, los cambios serán discutidos con la sociedad civil.
Luego, el Gobierno deberá elaborar un decreto ley económico urgente para enviarlo a la Corte Constitucional o podría redactar un proyecto de ley para que lo trate la próxima Asamblea Nacional (parlamento).
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