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Ecuador: sindicatos amenazan tomar calles contra reforma de pensiones

ECUADOR-PENSIONES
Quito, 6 jul (Prensa Latina) El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) de Ecuador expresó hoy su rechazo a las propuestas de reformas al sistema de pensiones que podría aplicar el gobierno de Guillermo Lasso y amenazaron con movilizaciones “como en Francia”.

El presidente del FUT, José Villavicencio, advirtió que tomarán las calles si el Ejecutivo decide avanzar con las sugerencias de la comisión encargada de buscar soluciones para hacer sostenible los fondos para las jubilaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Si la administración decide dar paso a las reformas, sucederá lo que en Francia, subrayó Villavicencio este jueves en rueda de prensa junto a otros líderes sindicales ecuatorianos.

Señaló que el gobierno de Lasso, el cual no ha tenido la capacidad de resolver los problemas del país, se va en unos meses y por tanto no debe tomar ninguna decisión.

Una de las medidas que podrían aplicarse sería el incremento de 30 a 35 los años de aportaciones a la seguridad social para acceder a una jubilación.

Entre las modificaciones no prevén aumentar la edad mínima para la jubilación, de 60 años, ni incrementar los porcentajes actuales de aportes, pero el equipo de expertos sugiere subir gradualmente -hasta 30- los años para calcular el promedio de la remuneración.

Otra de las opciones es buscar que las personas trabajen más allá de los 60 años mediante “incentivos”, que según la Unión Nacional de Educadores (UNE) “no son otra cosa que pura demagogia”.

El dirigente del FUT Mesías Tatamuez denunció que los trabajadores y afiliados al IESS no fueron invitados a participar en la comisión que planteó esas reformas.

Tatamuez calificó a las propuestas como nefastas y opinó que representan un retroceso a los derechos de los más vulnerables.

Por su parte, Ángel Sánchez, presidente de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), sostuvo que la crisis de falta de presupuesto del IESS se resolverá cuando el Gobierno pague la deuda que tiene con esa institución, que asciende a 24 mil millones de dólares.

Esos posibles cambios, rechazados por la clase trabajadora, deberán discutirse en las próximas semanas entre la sociedad civil.

Para implementarlos el Ejecutivo deberá elaborar un decreto ley económico urgente y enviarlo a la Corte Constitucional o podría redactar un proyecto de ley para que lo trate la próxima Asamblea Nacional (parlamento).

rgh/avr

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