El proceso está a cargo de la Secretaría de Participación Ciudadana (SPC) y las responsables son la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica.
Según la SPC, durante el período se recibieron más de mil 300 Iniciativas Populares de Norma, una herramienta que permitió a la población organizarse y plantear enmiendas o modificaciones al texto elaborado por una comisión de expertos.
Estas propuestas deberán tener más de 10 mil apoyos para ser discutidas por el Consejo Constitucional, sin embargo, apenas cinco lograron este requisito.
Se trata de las referidas a los ahorros por pensiones, defensa de los animales, respeto a las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, el refuerzo de la policía y la contratación de funcionarios por capacidades profesionales y no por contactos.
De las iniciativas citadas, solo Chile por los animales no forma parte de la agenda de la ultraderecha.
Otras como derechos laborales, sexuales y reproductivos, sistema universal de salud y acceso a una vivienda digna, quedaron fuera del debate.
El Consejo Constitucional encargado de la propuesta de nueva ley fundamental fue electo el pasado 7 de mayo, en unos comicios con voto obligatorio donde el ganador fue el Partido Republicano, de extrema derecha.
Este resultado es considerado una paradoja porque esa formación política se había opuesto al Acuerdo por Chile para avanzar hacia una carta magna que sustituyera a la impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet en 1980.
El proceso despierta poco entusiasmo y según encuestas publicadas aquí, es probable que el texto emanado de este consejo sea rechazado en el plebiscito del 17 de diciembre, al igual que el anterior desestimado en el referendo del 4 de septiembre de 2022.
De acuerdo con el más reciente sondeo de la firma Pulso Ciudadano, correspondiente a junio, 23,9 por ciento de los chilenos votarían en contra del texto, 17,2 lo aprobarían, 13,1 lo anularán o votarán en blanco y 36,7 no tienen definida una posición.
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