El desenlace de las votaciones no fue el previsto por el régimen, que veía a dos agrupaciones de la derecha tradicional ir al balotaje, explicó en declaraciones exclusivas a Prensa Latina el máster en Investigación, Política y Desarrollo.
A estos los consideraba sus aliados y, por tanto, incapaces de perseguir la corrupción de la actual administración o detener las intenciones de los acaudalados a base de negocios con el Estado, amplió.
Este país vive una situación complicada, antes de las elecciones con escandalosas exclusiones de candidatos del proceso, entre otras, y después por una sorpresa que estremeció al sistema de partidos políticos conservadores.
INTERVENCIÓN DE LAS CORTES
Para Velázquez, apasionado por el desarrollo rural integral, en menor medida les generaba alguna preocupación que a la otra fase pasara el partido Cabal de Edmond Mulet.
Era limitada, dado que el exdiplomático “tiene en sus filas personas que han sido funcionarios del régimen en mandatos anteriores”, acotó el abogado de profesión.
“La llegada de Semilla y de Bernardo Arévalo al balotaje (partido de centro izquierda) muy moderado, pero ajeno a la corrupción sí le causó al régimen cierta preocupación”, subrayó en sus palabras a esta agencia.
Ello, señaló, por probables persecuciones, pero fundamentalmente porque no permitiría o complicaría futuros negocios con fondos públicos como se hacen ahora.
¿EL PLAN B?
El régimen acudió al plan B para tratar de frenar el proceso electoral y defenestrar a Semilla de la segunda vuelta, al alegar fraude, comentó el también director ejecutivo de la coordinación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en esta nación.
Para ello –añadió- sus aliados en las Cortes eran fundamentales, pero contaban asimismo con desórdenes populares, quema de urnas municipales y otros.
Ahora bien, dijo, esto no sucedió u ocurrió de forma mínima, no llegó a causar la revuelta popular esperada, que permitiera al gobierno eliminar las garantías constitucionales, colocar estado de excepción.
Así frenaría la segunda vuelta, hasta decidir nueva fecha electoral, es decir, romper el régimen de legalidad “desde la legalidad” alegando paz social y protección al bien público”, remarcó el consultor político en sus palabras a Prensa Latina.
Sin embargo, el plan B se les cae a pedazos, la población no mordió el anzuelo, no hay desordenes callejeros, lo que hubo se apaciguó y lo que sí hay es un creciente rechazo social a un posible descarrilamiento del proceso, afirmó.
Las autoridades indígenas –acentuó- han sido claras, la curia, las ONG, centros de investigación, la prensa es unívoca: “No al escamoteo electoral, sí a la segunda vuelta y a una elección normal”.
Los Estados Unidos, la Unión Europea y un amplio grupo entidades avalaron el proceso y exigen respeto a los resultados, enfatizó Velázquez.
CON EL PLAN B ROTO, ¿OTRA POSIBILIDAD?
Aún existe la posibilidad de una intervención del Ministerio Público (su as en la manga), no han encontrado cómo hacerlo, para que con el subterfugio de investigación criminal, secuestre urnas “para investigación”, reflexionó Velázquez.
Además, aplicar orden de capturas de miembros de Juntas Electorales, por alterar documentos públicos y que con esos pretextos se detenga el proceso de adjudicación de cargos, aseveró el entrevistado.
Eso –advirtió- significaría romper en definitiva con el régimen de legalidad y el mundo, “es un escenario difícil, pero no imposible”, planteó.
A su juicio, esto último tiene complicaciones que lo hacen poco probable, fundamentalmente porque la élite empresarial no se sumó a la idea de alegar fraude.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), envió un mensaje claro y se colocó del lado de la democracia, destacó el experto.
Saben que un golpe a los sufragios les puede resultar caro en los negocios con sus compradores: Estados Unidos y Europa o que el pueblo haga una insurrección, opinó.
Esto –expuso Velázquez- les da pánico y les quita el sueño, conocen en cambio que pueden convivir perfectamente con Sandra Torres o Semilla, pues ninguno propone un régimen de expropiación de tierra para reforma agraria o urbana.
Ambos argumentan que no subirán impuestos, así que no hay nada -fundamental- de qué preocuparse, resaltó a esta agencia de noticias.
Solamente la oligarquía, a través de su instrumento político social, el Cacif, se cuidará de que tras Árevalo, no venga Jacobo Arbenz (presidente de Guatemala de 1951-1954), metáfora popular ahora en boga, concluyó Velázquez.
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