Incluso callado, la mano derecha de Bolsonaro en la presidencia fue interrogado sobre el documento golpista encontrado en su móvil.
El militar llegó uniformado al Congreso y bajo fuerte escolta y el Ejército comunicó que orientó al oficial usar el uniforme.
Después de hacer una exposición inicial en la CPI, Cid afirmó que no respondería a las preguntas de los diputados y senadores por orientación de sus abogados.
Los requerimientos que lo llevaron a prestar este martes testimonio lo colocaron tanto en condición de testigo como de investigado.
Existe diferencia en estas dos situaciones porque si es como testigo está obligado a responder a todas las preguntas.
Si es investigado puede permanecer en silencio para no emitir pruebas en su contra.
Ante esto, la defensa del militar pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) que él no fuera obligado a comparecer a la comisión.
Tras analizar la solicitud, la ministra Carmen Lucía, del STF, decidió que Cid tiene la obligación de comparecer ante la CPI, pero puede quedarse callado para no autoincriminarse.
En la práctica, sin embargo, el militar enmudeció frente a todos los cuestionamientos.
La audiencia del exauxiliar de Bolsonaro fue solicitada después de que la Policía Federal encontrara en una pericia en el teléfono celular de Cid intercambios de mensajes con otros militares, en las cuales se vislumbran acciones que incluirían una intervención.
Para el senador Rogério Carvalho, hay indicios de que el teniente coronel estaría tramando un golpe de Estado contra el gobernante Luiz Inácio Lula da Silva.
«Mauro Cid tuvo conversaciones con otro auxiliar del expresidente, Ailton Barros, en las cuales hubo trama para abolir el Estado Democrático de Derecho en Brasil», señaló Carvalho.
En la conversación, prosiguió, Barros «afirma que el golpe necesitaría la participación del comandante del Ejército o de Jair Bolsonaro, y que el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, debería ser arrestado».
Desde mayo, el exayudante del político ultraderechista permanece preso en el Batallón de Policía del Ejército en esta capital, a causa de las investigaciones sobre fraudes en la tarjeta de vacunación antiCovid-19 de su jefe.
Con pedidos de intervención castrense y rechazo a la asunción de Lula al poder, partidarios extremistas de Bolsonaro irrumpieron violentamente y saquearon el 8 de enero las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo) en Brasilia.
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