Sospechoso de articular una intervención militar contra el Tribunal Superior Electoral, la tendencia es que Cid permanezca en silencio durante la sesión, como está ocurriendo en los trabajos conducidos por la Policía Federal (PF).
El derecho a no responder preguntas fue garantizado por la ministra Carmen Lucía, del Supremo Tribunal Federal (STF).
La audiencia del exauxiliar de Bolsonaro fue solicitada tras la PF encontrar en una pericia en el teléfono celular de Cid intercambios de mensajes con otros militares, en las cuales se vislumbraron acciones que incluirían una intervención.
Varios requerimientos solicitaron la presencia de Cid en la CPI, uno de ellos es de autoría de la relatora, la legisladora Eliziane Gama.
Para el senador Rogério Carvalho, hay indicios de que el militar estaría tramando un golpe de Estado contra el gobernante Luiz Inácio Lula da Silva.
«Mauro Cid tuvo conversaciones con otro auxiliar del expresidente, Ailton Barros, en las cuales hubo trama para abolir el Estado Democrático de Derecho en Brasil», alertó Carvalho.
En la conversación, prosiguió, Barros «afirma que el golpe necesitaría la participación del comandante del Ejército o de Jair Bolsonaro, y que el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, debería ser arrestado».
También en la visión del senador Randolfe Rodrigues hay sospechas sobre posibles articulaciones de Cid en los ataques a los edificios del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo), «justificando la necesidad de su testimonio para esclarecer su papel y proporcionar informaciones relevantes a los trabajos de la CPI».
Desde abril, el teniente coronel permanece preso en el Batallón de Policía del Ejército en Brasilia, a causa de las investigaciones sobre fraudes en la tarjeta de vacunación antiCovid-19 de Bolsonaro.
Con pedidos de intervención castrense y rechazo a la asunción de Lula al poder, partidarios extremistas del político ultraderechista irrumpieron y saquearon el pasado 8 de enero las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Según el diputado Rogerio Correia, la CPI desmontará las mentiras de los bolsonaristas (seguidores del exmandatario) que acusan del golpe a la víctima, que resultó la democracia brasileña.
Aseguró que la comisión, la cual reúne a 32 parlamentarios titulares, siendo 16 senadores y 16 diputados, con igual número de suplentes, deberá «llegar al autor intelectual» de la tentativa antidemocrática que, en este caso: «O fue Jair o fue Bolsonaro».
npg/ocs
