Por Nayara Tardo Azahares
Corresponsal de Prensa Latina en Ecuador
Los indígenas de la comunidad Kawimeno, en el corazón de la provincia de Orellana, recorrieron con cánticos los pozos del Bloque 43-ITT como una muestra de aprobación a las tareas de extracción de crudo en su territorio ancestral.
Uno de los acuerdos entre las petroleras y las comunidades amazónicas que viven cerca de ese campo ubicado dentro de las 300 hectáreas del Parque Nacional Yasuní, es que sea local la mano de obra en estas instalaciones.
De los mil trabajadores del bloque, 800 son indígenas kichwas y waoranis que cumplen funciones como conductores, operarios y administrativos.
El pueblo huaorani, que habita cerca del Bloque 43-ITT, se pronunció a favor de continuar la actividad extractiva allí, pues ven en ella una fuente de trabajo y de servicios básicos como salud, educación y transporte.
Medios locales consideraron inédito ese acontecimiento, pues la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha manifestado en varias ocasiones su apoyo a la consulta popular para detener la explotación petrolera en esa zona, estimada uno de los sitios de mayor biodiversidad en el planeta.
El presidente de la Conaie, Leónidas Iza, abogó por una transición en las actividades económicas fundamentales y opinó que es necesario para el país abandonar “el modelo global de consumo capitalista que consume tres veces más recursos que los que ofrece la Madre Tierra”.
El líder indígena acusó al Ejecutivo de centrar la consulta únicamente en las consecuencias económicas al decir que el Estado dejaría de recibir mil 200 millones de dólares.
CONTRADICCIÓN ENTRE GOBIERNO Y AMBIENTALISTAS
Según datos oficiales, de los alrededor de 480 mil barriles de crudo que produce diariamente Ecuador, 11 por ciento provienen del Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) para ocupar un puesto entre los yacimientos más productivos de la nación.
Sin embargo, el Ministerio del Ambiente calificó la zona de “un santuario de biodiversidad“ declarada en 1989 Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
Por otra parte, el ministro de Energía, Fernando Santos, comentó la “preocupación” del Ejecutivo ante la posible prohibición de las operaciones, si gana el «Sí» en una consulta sobre el tema.
Santos advirtió que un rechazo a la explotación de la zona, implicaría reducir 12 por ciento de la producción petrolera nacional, unos 55 mil barriles diarios menos.
El titular sostuvo que en los siete años de funcionamiento no ha habido allí afectación alguna al medioambiente, un criterio que no comparte el colectivo ambientalista Yasunidos, promotor de la consulta.
Para los activistas existe un riesgo latente dentro de una de las zonas de mayor concentración de biodiversidad del mundo.
Los ambientalistas refieren que el Yasuní está compuesto por más de dos mil especies de árboles y arbustos, unas 204 especies de mamíferos, alrededor de 610 de aves, cerca de 121 de reptiles, más de 150 de anfibios y alrededor de 250 de peces.
En 2008, el entonces presidente Rafael Correa propuso a la comunidad internacional que contribuyera con ayuda económica para evitar la explotación del bloque ITT y mantener el petróleo bajo tierra, pero cinco años después no se recaudó lo necesario.
“El mundo nos ha fallado”, dijo Correa en aquel momento.
Tras una batalla legal de varios años, el colectivo Yasunidos logró la aprobación de la consulta popular que preguntará a los ecuatorianos: «¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?».
LA CUESTIONADA CONSULTA POPULAR
Los ecuatorianos votarán el próximo 20 de agosto, junto con las elecciones presidenciales y legislativas, si se pone fin o no a la explotación del Bloque 43-ITT, en el Parque Nacional Yasuní.
De ganar el Sí, la empresa Petroecuador tendrá un año para retirar de manera progresiva toda actividad relacionada con la extracción de petróleo.
La estatal petrolera ha alertado que lo anterior supone un desafío porque, debido a las demoras, habría que retirar costosa infraestructura y apagar pozos petroleros en operación. El desafío no solo es técnico sino también económico, detalló Petroecuador.
El costo de esa decisión, reveló la petrolera, se calcula en 16 mil 470 millones de dólares, que incluye 13 mil 800 millones de dólares que el Estado dejaría de percibir en ingresos en los próximos 20 años porque ya no se extraerían las reservas que aún tiene el campo petrolero.
Asimismo, Petroecuador manifestó que el costo del abandono del campo ascendería a 467 millones de dólares, incluidas las pérdidas económicas por los empleos que se perderían cuando cierren las operaciones.
Por su parte, los ambientalistas proponen como alternativa, por ejemplo, la reducción de las exoneraciones de impuestos y cobro de deudas tributarias a los más ricos.
Una investigación reciente de la Fundación Ecociencia en Ecuador reveló que el país andino ha perdido mil 660 hectáreas de selva en la Amazonía, a causa de la actividad minera.
El estudio mostró que la pérdida, provocada en menos de cinco años, equivale a dos mil 325 campos de fútbol.
En entrevista con Prensa Latina, el investigador de la Universidad Central de Ecuador Dimitri Madrid denunció que la minería está rompiendo los sistemas de vida en una gran cantidad de comunidades indígenas en Ecuador.
Es un tema terriblemente complejo -apuntó- porque alrededor de la minería “legal” están las grandes trasnacionales estadounidenses, europeas y canadienses, entre otras.
Madrid alertó que no se puede hacer minería a cielo abierto sin romper la biodiversidad. Es el modelo depredador de occidente el que se ha impuesto en estas zonas.
“La minería en cualquiera de sus facetas trae complejidades sociales grandes”.
arc/nta
