Por Luis Manuel Arce Isaac
Corresponsal jefe de Prensa Latina en México
La conformación de la lista era uno de los primeros pasos del proceso para elegir el candidato presidencial común de los partidos del Frente, Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), aunque ya hay más evidencia que la elegida será Xóchitl Gálvez.
Los restantes buscan recolectar 150 mil firmas cada uno (casi dos millones de personas en total), cifra bastante difícil en tan pocos días, pero ese proceso será dirigido y verificado por la cúpula empresarial y partidista mediante un Comité Organizador, al igual que las encuestas intermedias y final, así que no habrá mayores problemas.
Legisladores y dirigentes de Morena alertan que son muy pocos los que no tienen rabo de paja en esa lista, y pueden incendiarse antes de que termine el proceso de las primarias internas.
Por supuesto, de la primera que hablan es de la senadora y empresaria Xótchitl que se presenta como del pueblo, pero vive en Las Lomas junto con los más adinerados de México.
La acusan de que sus dos principales empresas -o más conocidas- recibieron contratos privilegiados de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y ante el llamamiento de López Obrador a su más furibundo adversario, el empresario Claudio X González, de que uno de sus organismos, Mexicanos Contra la Corrupción, la investigue, Xóchitl respondió que no hace falta porque ella misma presentará un informe al respecto.
Santiago Creel, el otro precandidato -quien sonaba más como el elegido, pero al final Xóchitl fue más conveniente que él a pesar de su poco carisma, lenguaje torcido, y experiencia política muy disminuida- enfrenta acusaciones aún sin esclarecerse.
En un enjundioso artículo, la revista Contralínea denuncia que Santiago Creel Miranda es investigado junto con su hijo Santiago Creel Garza-Ríos y el excandidato panista a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, por participar en una intrincada red financiera que vincula a políticos y despachos de abogados (los de él) con empresas acusadas de facturar operaciones sospechosas, defraudar al fisco y participar en lavado dinero del narcotráfico.
El demandado evadió un incómodo cuestionario de la publicación para que desmintiera las acusaciones, bajo el pretexto del derecho al secreto de los abogados.
Enrique de la Madrid (hijo del expresidente Miguel de la Madrid), exsecretario de Turismo y otros muchos cargos federales en los gobiernos neoliberales, está en la lista negra de exfuncionarios malversadores revelada por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien lo involucra en la compra truculenta de otra fábrica de fertilizantes nombrada Fertinal, en 2016 y de cuyos preparativos estuvo al tanto junto con funcionarios de Hacienda del expresidente Enrique Peña Nieto.
Está involucrado también en otras varias operaciones ilícitas, según el diario El Sol de México que publicó el testimonio de 63 páginas de Lozoya.
Gabriel Quadri, diputado por el PAN y otro de los prominentes de la lista de los 13, no debería de estar en ella si se siguieran los reglamentos de los tres partidos del Frente Amplio por estar sancionado por la Cámara de Diputados que lo inhabilitó para ser candidato de gobernaciones o de la presidencia de la República hasta 2025 por considerarlo violentador político de género contra los trans.
Él asegura que la inhabilitación no contempla ser candidato a la presidencia del país y admitió su transfobia, pero que su agresividad contra una diputada trans “fue para defender a las mujeres y a los niños de la ideología transgénero”.
Sobre otro de los 13, Jorge Luis Preciado, exsenador del PAN, hay un video que circula en redes sociales de un presunto uso indebido de recursos públicos, trata de personas y de “nulo respeto a las mujeres”.
Está difundido en YouTube y Twitter, y se denuncia que el aspirante panista ha hecho presunto uso de recursos públicos para organizar fiestas privadas, en las que participan prostitutas, a las cuales supuestamente emplea para pagar favores políticos.
Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, lleva en sus hombros una grave acusación desde el 4 de febrero de 2021 cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que investigaba un presunto desfalco de unos 77 millones de dólares estadounidenses, que habrían sido desviados del erario por una red de funcionarios y de empresas privadas.
La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, expresó que los presuntos desvíos podrían ser los «hechos de corrupción más grandes de que se tenga registro en la Ciudad de México y uno de los más relevantes conocidos en el país».
Otro involucrado en asuntos judiciales desde su puesto de gobernador de Tamaulipas es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien todavía tiene una alerta migratoria emitida el pasado 5 de octubre por el Instituto Nacional de Migración (INM) para evitar que salga de territorio nacional.
La alerta migratoria la solicitó la Fiscalía General de la República “al mediar una orden de aprehensión emitida por un juez de distrito por probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada”, y planear con un juez librar ocho órdenes de aprehensión contra de militantes de Morena. Hay también acusaciones de malversación y otros ilícitos.
Otro de los aspirantes enredado por presunto delito de malversación es Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, inhabilitado por la Contraloría, y ratificado por el Tribunal de Justicia Administrativa del estado, debido a que no presentó a tiempo su declaración patrimonial al término de su gobierno, pero aun así está en la lista de los que teóricamente quieren ser presidentes de México.
Evidentemente, es una lista bastante poco convincente, la cual desconcierta bastante, pues los citados, y quienes los aceptaron, saben muy bien que no tienen ni el más mínimo chance de ser elegidos, pero sobre todo admitir jugar un papel de relleno.
Muchos renunciaron a ser aspirantes de mentiritas y se fueron hasta quedar estos 13 de una lista de 33, pero unos pocos lamentablemente mezclados con personajes de dudosos antecedentes, se han mantenido quizás sin valorar bien cómo los puede perjudicar ser parte del circo.
O tal vez sea con la idea de que sus largas trayectorias de dirigencia política y no tener rabos de paja pueden romper la imposición cupular y destronar a Xóchitl, o que esta caiga por su propio peso si merman sus niveles de competitividad.
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