El teniente coronel Cid prestó testimonio el martes ante la CPI, pero hizo uso excesivo del mutismo por unas 40 veces y no respondió preguntas de los parlamentarios durante más de siete horas.
Se negó, incluso, a informar acerca de cuestiones básicas, como por ejemplo, sobre su edad.
Una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) permitía que el exayudante de Bolsonaro no respondiera interpelaciones que pudieran incriminarlo. Sin embargo, no le libraba de manifestarse acerca de otras incógnitas.
Cid fue llamado a declarar después que la Policía Federal encontrara en su móvil intercambios de mensajes con otros militares, en las cuales se vislumbran acciones que incluirían una intervención.
El militar y el coronel del Ejército Lawand Júnior hablaban sobre un posible decreto de intromisión militar contra la ceremonia de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se celebró el 1 de enero.
Durante los debates a lo largo del testimonio, parlamentarios de la CPI cuestionaron la postura del exayudante y el titular de la junta de investigación, Arthur Maia, señaló que adoptaría las medidas pertinentes.
Tras activar la Policía Legislativa para analizar el caso, la CPI decidió interponer en el STF la representación contra Cid por abuso del derecho al silencio al callar la verdad como testigo.
Para la comisión, quedó configurado en el expediente el delito de impedir o intentar obstaculizar el regular funcionamiento de la CPI o el libre ejercicio de las atribuciones de cualquiera de sus miembros.
La ley que trata del funcionamiento de CPI prevé pena de dos a cuatro años de prisión para quien haga afirmación falsa o se niegue o silencie la verdad como testigo al colegio.
En su discurso en la audiencia, la diputada Jandira Feghali preguntó a Cid cuál es su edad y el oficial volvió a repetir que se quedaría en silencio.
«Presidente, hice esta pregunta a propósito», apuntó la parlamentaria y calificó la postura del testigo de «irrespetuosa con el Tribunal Supremo».
Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción de Lula al poder, partidarios extremistas de Bolsonaro irrumpieron violentamente y saquearon el 8 de enero las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo) en Brasilia.
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