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Rechazan represión policial a protestas contra minería en Ecuador

Quito, 14 jul (Prensa Latina) El Comité Popular 15 de Noviembre en Ecuador rechazó hoy la represión policial a las protestas en la ciudad Las Naves, en la provincia Bolívar, contra la actividad minera allí.

Mediante un comunicado, el colectivo reiteró que la minería es la principal amenaza de los pueblos y denunció que en varios territorios ecuatorianos el gobierno de Guillermo Lasso ha regalado grandes extensiones de tierra a los intereses de la minería transnacional, acotaron.

De igual manera, el Comité Popular alertó que en las zonas mineras se llevan a cabo todo tipo de delitos bajo el amparo de los órganos represivos del Estado junto a las bandas paramilitares de las mineras.

La tarde de este viernes, al menos dos personas fueron detenidas y 10 resultaron heridas durante un enfrentamiento entre la Policía Nacional y ciudadanos de Las Naves.

El Frente Nacional Antiminero denunció a través de su red social Twitter que unos 300 uniformados dispararon bombas lacrimógenas y piedras al pueblo que se manifestaba en esa localidad.

Posteriormente, la Fiscalía informó la apertura de una investigación por la destrucción de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), durante los disturbios.

Además, el Ministerio Público solicitó a la Policía Nacional enviar un nuevo contingente de uniformados desde Los Ríos, con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona.

Por otro lado, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció excesos policiales en el control de la protesta.

Recientemente, los habitantes de esa urbe reportaron haber escuchado ruidos extraños similares a cañonazos que estremecen el suelo y que empezaron hace un mes.

Cerca de la zona se encuentra el Proyecto Minero Curipamba, administrado por la empresa Curimining y muchos de los vecinos en ese territorio han expresado malestar ante la presencia de la empresa, pensando que estos ruidos provienen de las actividades mineras.

La comunidad de Las Naves ha expresado su rechazo a la actividad minera en la zona durante más de 15 años, argumentando que esta afectará gravemente las fuentes de agua y el entorno natural.

mem/nta

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