La derecha, imbuida en sus comicios internos con 14 candidatos y sufragios previstos para octubre venidero, trata de buscar protagonismo a través del ataque al Gobierno y al Estado, con una narrativa amenazante, ofensiva y de poco crédito ante la carencia concreta de propuestas y soluciones.
Como expresó hace unos días el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sus argumentos los centran en los problemas que ellos mismos crearon cuando pidieron bloqueo, sanciones e invasiones contra el país.
Un debate organizado por la Comisión Nacional de Primaria esta semana puso al desnudo las falencias de ocho de los 14 candidatos opositores, quienes más que debatir presentaron sus puntos de vista en torno al cambio político y del mejoramiento económico, pero sin una agenda precisa y sustantiva.
Los discursos sí coincidieron en presentar propuestas nada nuevas como abogar por la privatización de las empresas estatales, como Petróleos de Venezuela, traer inversionistas extranjeros, aumentar pensiones y salarios, modificar la estructura unicameral del Parlamento, entre otras.
El llamado debate opositor dejó en claro las posturas ideológicas de sus participantes, el deseo de derrocar la Revolución Bolivariana y, más que todo, la falta de unidad de sus representantes con acciones y gestos que ratificaron el desencuentro entre los precandidatos.
Así lo vio el politólogo Luis Castillo, quien, en declaraciones a la televisión expresó que ninguno de los candidatos se proyecta con capacidad para unir al resto de la oposición.
Hasta la fecha de hoy, “no hay candidato de oposición que una, que sea como un imán, que le diga a la gente para allá voy con todos”, manifestó el director de Polianalítica, agencia dedicada al análisis político electoral y de gobierno.
Una carta bajo la manga que tenía la derecha y, como era de esperarse, han hecho uso de ella con la complicidad de la ultraderecha internacional y de Gobiernos afines es la inhabilitación que arrastran algunos de estos precandidatos que fueron adoptadas por la Contraloría General de la República.
Esta figura aparece legalmente establecida en el artículo 65 del Constitución, el cual establece que “no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público…”.
En concordancia con el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, al menos tres de los aspirantes a lidiar en las presidenciales del 2024 están impedidos de hacerlo por cargar sobre sus hombros sanciones administrativas impuestas por ese órgano.
Las sanciones datan de 2015, 2017 y 2021 por un período de 15 años, el máximo establecido, y no como se ha querido sembrar la matriz de que fueron aplicadas en la actualidad.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, declaró que la oposición tiene “muy claro que la inhabilitación” no es de ahora y se presentan como que no sabían nada, como que se están enterando en este instante.
Estoy seguro de que los integrantes de la dirigencia de la derecha no duermen diciendo que les están cobrando lo que hicieron hace 10 años. ¡Qué descaro!, dijo el dirigente partidista el miércoles en su programa Con el Mazo Dando.
Lo cierto es que las intenciones de este juego político tuvieron ya sus efectos y comenzaron a alzarse las voces y “denuncias solidarias” de persecución política que buscan atizar desde ahora el ambiente preelectoral, con insinuaciones de algunos de los protagonistas de recurrir a la práctica de la violencia.
Lo sucedido ayer en la Eurocámara es la mejor prueba, al presentarse una resolución sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela, que la Asamblea Nacional calificó de “irrespetuosa, injerencista y colonialista” y de estar al servicio de los más “despreciables intereses” contrarios a los de la nación sudamericana.
Los señalamientos expuestos en el referido proyecto del Parlamento Europeo, aprobado por 495 votos, 25 en contra y 43 abstenciones, se cuestiona la institucionalidad democrática de la República Bolivariana en complacencia con la estrategia de agresión diplomática multiforme del gobierno de Estados Unidos.
El oficialismo, entretanto, bajo la guía del PSUV, realiza movilizaciones populares para alertar sobre los argumentos utilizados por la oposición para confundir.
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