A inicios de mes la Mesa contra la impunidad en el país expuso la marcha del caso que involucra al general José Guillermo García, entonces ministro de Defensa.
El dictamen de acusación señala que el alto mando de la Fuerza Armada de El Salvador supuestamente mandó a asesinar al padre Ignacio Ellacuria y cinco jesuitas más, por considerarlos “cabecillas” del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), durante la guerra civil salvadoreña.
El tema no es nuevo, es reiterado con insistencia por familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos que integran la Mesa.
David Morales, abogado de la organización Cristosal, al abordar el asunto junto a otros miembros de ese grupo lamentó el trato benevolente a García y otros criminales de guerra.
Acusamos a García de 41 masacres perpetradas por las Fuerzas Armadas cuando ejerció de Ministro de Defensa y Seguridad Publica a partir del 19 de octubre de 1979. Es un gran violador de derechos humanos y un criminal de guerra, puntualizó.
El dictamen de acusación establece que quién dio la orden de la masacre fue el coronel René Ponce, jefe del Estado Mayor, al coronel Guillermo Alfredo Benavides, y consistía en “eliminar al padre Ellacuria, sin dejar testigos” algo que aprobó García y que presuntamente era de conocimiento del presidente de turno, Alfredo Cristiani.
Está previsto que nuevos elementos salgan a relucir en la audiencia preliminar programada por el Juzgado Segundo de Instrucción para el próximo 26 de julio.
Ahora los acusadores tratan de establecer si el expresidente Cristiani estuvo presente en la reunión donde se dio la orden para la masacre de los jesuitas y colaboradores.
La Fiscalía le atribuye el delito de comisión por omisión de asesinato, en perjuicio del los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baro, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo, José Joaquín López y López, Amanado López Quintana, y las empleadas Julio Elba Ramos y Celina Mariceth Ramos.
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