Mediante un comunicado, el Ejecutivo llamó la iniciativa aprobada por el Congreso de la nación norteña «herramienta política contra operadores de justicia que no responden a intereses de una agenda ideológica propia que se quiere imponer en nuestro país”.
Consideró que es con base en «juicios de valor y sin garantía de legítima defensa a través del debido proceso judicial, situación que viola el principio universal de presunción inocencia».
También que resulta «una clara violación a los derechos fundamentales de las personas señaladas», ello basado en el criterio de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, subrayó.
Aparte de seis ciudadanos de El Salvador, 10 de Honduras y 13 de Nicaragua, de Guatemala la lista incluyó a la fiscal Cinthia Monterroso, los jueces Fredy Orellana y Jimi Rodolfo Bremer, así como al líder sindical Joviel Acevedo.
Igualmente, al exministro del Interior Gendri Rocael Reyes, el expresidente del administrador del mercado mayorista de energía de Guatemala Edgar Humberto Navarro, y el actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación, Melvin Quijivix.
Completan los 10 guatemaltecos, el exjuez y actual relator contra la tortura, Lesther Castellanos, el presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional Portuaria, Omar Ricardo Barrios, y el rector de la Universidad San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos.
La Fiscalía, por su parte, apuntó que el documento carece de sustento lógico ni legal, lo calificó de tendencioso y con fines políticos, “lo que representa una grave y evidente violación a sus derechos humanos”, remarcó.
Mencionó sus resultados desde mayo de 2018 a la fecha “históricos y contundentes”, sobre todo en temas de interés para la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
La primera consecuencia para centroamericanos nombrados en la Lista Engel es la cancelación de visas o cualquier documento para ingreso válido a territorio norteño.
En los últimos tres años el Departamento de Estado de Estados Unidos tachó en esa iniciativa injerencista a 49 guatemaltecos, entre funcionarios, empresarios, políticos, jueces, entre otros.
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