Esa decisión fue anunciada este viernes en rueda de prensa desde la sureña ciudad de Cuencia y llega luego de que algunos funcionarios del sector judicial sufrieran atentados y asesinatos.
Ante esa situación, el gremio presentó un pedido para custodiar a todos los magistrados, algo que el Gobierno consideró inviable.
Por esa razón, la Corte Nacional de Justicia hará una lista de quienes necesitan el resguardo, pero será la Policía Nacional la que evaluará los casos que en la práctica lo requieran
Actualmente, 186 agentes están destinados para la protección de 251 unidades policiales y 200 de fiscalía, informó el comandante de la Policía, Fausto Salinas, quien este viernes anunció que 119 uniformados se sumarán a esas funciones.
Además, 92 policías brindarán protección a jueces y fiscales que ya han recibido alertas y acciones de protección, mientras intensificarán los programas de capacitación para autoprotección por parte del personal jurídico e incrementarán el patrullaje en instalaciones de ese tipo.
Por otro lado, Zapata señaló que elaboran un inventario para poner en práctica una reciente resolución que permitirá a la Policía y a las Fuerzas Armadas hacer uso de las armas incautadas a las bandas criminales.
Adicionalmente, el titular declaró que realizarán una capacitación conjunta entre el Ministerio del Interior, la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía, para lograr decisiones efectivas contra la delincuencia y que los delitos no queden impunes.
Jueces y fiscales no escapan a la crisis de inseguridad existente en Ecuador que el Gobierno atribuye a las disputas de bandas criminales por el control del tráfico de drogas.
El 2022 cerró con 25 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, cifra más alta de la historia en el país.
Sin embargo, esos números podrían ser superados porque en el primer trimestre de 2023 hubo un incremento del 66 por ciento de los homicidios.
Ante la escalada del crimen, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso adoptó medidas polémicas como la autorización del porte de armas para civiles y el permiso para que policías y militares actúen con todos los medios a su disposición contra quienes consideren terroristas.
Sin embargo, las muertes violentas no para de crecer.
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