Mediante un comunicado divulgado en redes sociales, los antiguos funcionarios del parlamento reclamaron que ya transcurrió el plazo establecido de 30 días para sus liquidaciones y aún no reciben el monto correspondiente.
Dos meses después de disuelta la Asamblea, los derechos laborales de las personas en situación de vulnerabilidad, como embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades catastróficas, son ignorados por parte de la administración.
Exigimos el cumplimiento oportuno de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, a efectos de garantizar la transparencia y celeridad en el proceso de liquidación para dar cumplimiento de un derecho que asiste a los servidores públicos, señalan los trabajadores.
El pasado 17 de mayo Lasso, a través del decreto 741, aplicó el mecanismo constitucional de muerte cruzada, con el cual anticipó elecciones generales y disolvió el legislativo en medio de un proceso de juicio político en su contra.
De esa forma, además de los asambleístas, unos mil 360 funcionarios que realizaban diversas funciones dentro del edificio legislativo quedaron en la calle repentinamente, desde asesores hasta el personal de limpieza.
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