Del primero fue protagonista el Comité de Postulaciones Electorales que extendió hasta el 27 de julio la convocatoria para los aspirantes a ocupar cargos como rectores y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Como explicó el presidente de esa instancia, Giuseppe Alessandrello, la decisión se adoptó de manera unánime por los miembros del grupo, debido a la gran cantidad de candidatos que se presentaron.
“Tenemos muy satisfactorio” número de postulados hasta este momento y la medida de extender el plazo obedeció al sinnúmero de solicitudes, en especial, provenientes de las Facultades de Ciencias Políticas de un buen número de universidades.
El vicepresidente de la Comisión, José Gregorio Correa, destacó que fueron superadas las cifras definitivas del proceso anterior (76), lo cual significa, estimó, que la sociedad de todos los sectores “confían y acuden a esta Asamblea”.
Esto es una gran prueba de que este Parlamento lo que busca es el reencuentro del voto del ciudadano en el centro electoral, y que la única salida del país en la crisis es el voto, con lo cual la Asamblea Nacional cumple con su deber, enfatizó.
Como paso sustancial también quedó aprobado, de manera definitiva, el baremo a utilizarse en la evaluación de cada uno de los ciudadanos postulados.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la posibilidad de que, a finales de agosto o inicio de septiembre, Venezuela pueda disponer del nuevo CNE, paso este decisivo si tenemos en cuenta que para el próximo año está prevista la celebración de elecciones presidenciales.
Rodríguez informó sobre algunas sorpresas, sobre todo, dijo, para aquellos que “dicen que esta Asamblea es ilegal”, de nombres de personas que han hecho vida en instituciones cercanas a la oposición y que están como postulantes, acotó.
Otra de las razones por la cuales se prolongó esta etapa fue por la solicitud de algunas Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de universidades autónomas y otras, que pidieron un poco más de tiempo para la confección de sus listas, precisó.
Este Comité está integrado por 21 personas, 11 de ellas parlamentarios del oficialismo y la oposición y 10 miembros de la sociedad civil, y se conformó en cumplimiento de los artículos 295, de la Constitución, y el 23 de la Ley Orgánica del Poder Electoral.
La otra prórroga, de 30 días, está relacionada con la Comisión Especial que identificará el alcance y las responsabilidades de las confesiones del expresidente estadounidense Donald Trump contra Venezuela.
Su presidente, el diputado Pedro Infante, pidió al parlamento la extensión para profundizar en las investigaciones sobre las personas naturales y jurídicas nacionales e internacionales responsabilizadas e implicadas en el asedio y consecuencias contra la nación sudamericana.
Las indagaciones fueron dividas en cuatro o cinco partes e incluyen la determinación de los delitos cometidos, responsables nacionales e internacionales y la propuesta de un grupo de acciones desde el Parlamento, en coordinación con los poderes públicos del Estado.
Sin aún concluir el estudio, Infante ya hizo mención a ocho delitos cometidos contra la patria por “personajes de la política y dirigentes de la oposición venezolana”, que violaron varios artículos de la Constitución, el Código Penal y leyes nacionales.
Pero, además, aludió con nombres y apellidos a ciudadanos que residen en el país, aparecen entre los candidatos a las elecciones primarias de la oposición y, por su fuera poco, estás inhabilitados por la Contraloría General de la República como María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano.
Un dato interesante que deslizó el también primer vicepresidente de la Asamblea fue que cada señalamiento “va con las pruebas”, entre ellos comunicados, declaraciones públicas que ahora, dijo, algunos intentan hacerlas desaparecer de Internet.
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