En conferencia de prensa, expusieron la existencia en el departamento de Alta Verapaz, de al menos mil 48 órdenes de captura por el delito de usurpación agravada, seis presos políticos, así como más de 13 disposiciones de desalojo.
También informaron de una presa en Santa Rosa, Escuintla y en Zona Reyna, El Quiché, describieron representantes del Comité de Unidad Campesina, el bufete para Pueblos Indígenas y el Comité Campesino del Altiplano.
Asimismo, añadieron, en el valle del Polochic las comunidades de Agrario Esfuerzo Túnico, Chineval y Buena Vista conformadas por aproximadamente 158 familias están bajo amenazas de ser desalojadas.
Subrayaron que en el departamento de El Petén se reportan al menos 11O desalojos para ser ejecutados en este semestre.
Como resultado de expulsiones ya efectuadas hay al menos 12 víctimas fatales entre los años 2018-2023, señalaron.
La lucha de los pueblos indígenas y campesinos -recordaron- es histórica por la defensa de la vida, la tierra, los territorios y bienes naturales para garantizar su seguridad y sobrevivencia.
Resaltaron su preocupación “porque en el marco de la crisis institucional del Estado provocado por el pacto de corruptos, que se quiere aferrar al poder, se están intensificando los desalojos forzados”.
Documentamos que asociaciones de terratenientes y el MP promueven estos actos que violentan el debido proceso, sin derecho de defensa, notificación y sin garantizar la aplicación de estándares internacionales, concluyeron.
Guatemala registró el pasado año más de 70 casos de desalojos a grupos de familias y comunidades campesinas e indígenas, con mayor incidencia en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Quiché, Petén, Escuintla y Santa Rosa.
En el contexto electoral, el fenómeno continuó, con una agudización de la pobreza, desigualdad y represión, sin que tales temas y su enfrentamiento aparecieran en la agenda de la mayoría de los candidatos en la contienda, según analistas.
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