La oficina federal también quiere saber si estas personas respondieron contenidos divulgados por el político ultraderechista con mensajes referentes a asuntos como fraude en elección, urnas electrónicas, Tribunal Superior Electoral, Supremo Tribunal Federal (STF), Fuerzas Armadas e intervención militar.
El encargo está firmado por el subprocurador general Carlos Federico Santos.
La Procuraduría General de la República (PGR) pidió el 17 de julio al ministro Alexandre de Moraes, del STF, que las empresas de redes sociales en las que Bolsonaro tiene perfiles, como Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter y LinkedIn, proporcionen la lista completa y los datos de identificación de todos sus seguidores.
Tal solicitud fue hecha dentro del marco de la investigación sobre los autores intelectuales y los incitadores de las acciones antidemocráticas en Brasilia, donde partidarios radicales del excapitán del Ejército invadieron y saquearon el 8 de enero último las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Político.
La defensa de Bolsonaro calificó la demanda de «intento inaceptable y absurdo de monitoreo político».
De acuerdo con la PGR, la decisión de que la petición de información se limite a los denunciados y si los nombres figuran en el reclamo enviado al STF, fue motivada por una cuestión operativa.
«Es que, como el total de seguidores de Jair Bolsonaro se estima entre 15 millones y 30 millones de personas, el análisis de la información requerida requeriría tiempo y esfuerzos», indica la Fiscalía, en alerta porque esa suma «podría comprometer la capacidad operativa de levantamiento».
De Moraes autorizó en enero la inclusión del exmandatario (2019-2022) en la investigación sobre la invasión con depredación de patrimonio público de los edificios de los tres poderes en esta capital.
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre los actos golpistas accionó la Justicia contra el teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, por el abuso que mantiene del derecho al silencio.
El teniente coronel Cid prestó testimonio a inicios de julio ante la CPI, pero hizo uso excesivo del mutismo por unas 40 veces y no respondió preguntas de los parlamentarios durante más de siete horas.
Cid fue llamado a declarar después que la Policía Federal encontrara en su móvil intercambios de mensajes con otros militares, en los cuales se vislumbran acciones que incluirían una intervención para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió el poder el pasado 1 de enero.
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