En Esmeraldas, que vivió este martes una jornada de caos en las calles y en una de sus prisiones, el Comité Provincial de Seguridad anunció medidas ante los sucesos violentos cometidos por bandas delincuenciales luego de la intervención Estatal en el sistema penitenciario nacional.
Entre ellas están el resguardo militar de subestaciones eléctricas, la suspensión de actividades docentes presenciales y de simulacros para enfrentar el fenómeno climático El Niño, recomendaciones de teletrabajo, y cancelación de las festividades por la independencia de la provincia.
Los incidentes en territorio esmeraldeño tuvieron lugar en el cuarto día consecutivo de motines en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en la provincia de Guayas, donde los motines dejaron 31 reos fallecidos y 14 heridos. En otras cárceles hubo más de cien uniformados secuestrados, liberados horas después, y reclusos en huelga de hambre en 13 prisiones, un contexto que conllevó a la declaratoria de un estado de excepción por 60 días en todas las cárceles a escala nacional «por grave conmoción interna».
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, también decretó estado de excepción con toque de queda en las provincias de Manabí y Los Ríos, así como en el municipio Durán, en Guayas, una determinación criticada porque la ha tomado en más de 10 ocasiones sin resultados efectivos.
La escalada delictiva ocurrió también después de que el pasado domingo asesinaran a tiros al alcalde de Manta, Agustín Intriago, de 38 años, un hecho que conmocionó a toda la nación y expuso, una vez más, la violencia política.
Una semana atrás fue ultimado en Esmeraldas el miembro del movimiento Revolución Ciudadana Rider Sánchez, que aspiraba al legislativo en los sufragios del próximo 20 de agosto.
Esta situación no es inédita, pues en la campaña previa a los comicios provinciales y municipales del pasado 5 de febrero una decena de candidatos sufrieron ataques, dos de ellos finalmente fueron asesinados.
En resumen, esta nación sudamericana sufre la delincuencia común, la violencia política, la crisis carcelaria que ha dejado casi 500 reclusos muertos, y las consecuencias en las calles de las disputas de las bandas de narcotráfico.
Datos oficiales indican que Ecuador cerró 2022 con cuatro mil 823 homicidios intencionales, con una tasa de más de 25 por cada 100 mil habitantes, cifra más alta de la historia, y estimaciones indican que en 2023 ese número podría llegar a 40 asesinatos por cada 100 mil personas.
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