Tal pesquisa fue la razón por la que la PGR solicitó que las redes sociales informen si 244 personas denunciadas por su participación en las acciones antidemocráticas son o fueron partidarios del exgobernante.
«Estamos reuniendo elementos para saber si Bolsonaro instigó a estas personas y si tenía esa intención», declaró a la televisora CNN Brasil el subprocurador que coordina la fuerza de tarea de las averiguaciones, Carlos Frederico dos Santos.
Indicó que una autoridad con millones de seguidores debería saber el alcance de sus actos.
Antes, el 17 de julio, la PGR pidió al Supremo Tribunal Federal que las plataformas digitales enviaran una lista completa con los nombres y datos de identificación de los seguidores de Bolsonaro en las redes sociales.
El hecho tuvo amplia repercusión negativa, lo que llevó a la Fiscalía a cambiar la solicitud.
Aliados del político ultraderechista escuchados por la CNN refutan completamente la acusación de incitación.
Su argumento es que seguir a alguien en Internet no significa una asociación directa con esa persona, ni una relación obligatoria de influencia.
La investigación tiene lugar dentro del marco de la que se cumple por el ataque perpetrado el 8 de enero a los tres poderes en Brasilia.
Hasta entonces, Bolsonaro fue investigado solo por una publicación hecha en su perfil de Facebook dos días después.
En la ocasión, el exmilitar publicó una desinformación en la que cuestionaba el resultado electoral.
Aseveraba que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva no habría sido elegido por el pueblo y borró el mensaje horas después.
Recientemente, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre los actos golpistas accionó la Justicia contra el teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, por el abuso que mantiene del derecho al silencio.
El alto oficial prestó testimonio a inicios de julio ante la CPI, pero hizo uso excesivo del mutismo por unas 40 veces y no respondió preguntas de los parlamentarios durante más de siete horas.
Cid, quien permanece preso desde el 3 de mayo, fue llamado a declarar después que la Policía Federal encontrara en su móvil intercambios de mensajes con otros militares, en las cuales se vislumbran acciones que incluirían una intervención para derrocar a Lula, quien asumió el poder el 1 de enero.
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