Los manifestantes catalogaron de inconstitucional la medida decretada por el presidente Guillermo Lasso el pasado 31 de mayo, y denunciaron que el documento viola los derechos de las comunidades afectadas por la actividad minera.
Asimismo, exigieron que se detenga la represión contra las comunidades de Las Naves y Sigchos, en las provincias de Bolívar y Cotopaxi, respectivamente.
En esas localidades, los habitantes protestan hace varias semanas para pedir que se suspendan las consultas ambientales que lleva adelante el Gobierno de Lasso en zonas de interés para empresas mineras y que han generado enfrentamientos de campesinos con policías y militares.
Con el decreto 754 el Ejecutivo reformó el Código Orgánico del Ambiente, lo que permitirá al Ministerio de Ambiente llevar a cabo procesos de consulta ambiental a través de la militarización de territorios.
El pasado 14 de julio, al menos dos personas fueron detenidas y 10 resultaron heridas durante un enfrentamiento entre la Policía Nacional y ciudadanos de la ciudad Las Naves que protestaban contra la minería allí.
El Frente Nacional Antiminero denunció a través de su red social Twitter que unos 300 uniformados dispararon bombas lacrimógenas y piedras al pueblo que se manifestaba en esa localidad. Recientemente, los habitantes de esa urbe reportaron haber escuchado ruidos extraños similares a cañonazos que estremecen el suelo y que empezaron hace un mes.
Cerca de la zona se encuentra el Proyecto Minero Curipamba, administrado por la empresa Curimining y muchos de los vecinos en ese territorio han expresado malestar ante la presencia de la empresa, pensando que estos ruidos provienen de las actividades mineras.
La comunidad de Las Naves ha expresado su rechazo a la actividad minera en la zona durante más de 15 años, argumentando que esta afectará gravemente las fuentes de agua y el entorno natural.
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