Mediante un comunicado, Türk alentó al Gobierno a realizar una reforma integral del sistema de justicia penal, incluidas las cárceles, que con frecuencia son escenarios de motines como el de esta semana que dejó 31 muertos en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
Además, el funcionario instó al Ejecutivo ecuatoriano a aplicar la política de rehabilitación social de presos, emitida en 2022, y desarrollada con el apoyo técnico de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Enfatizó que las autoridades tienen el deber de proteger la vida de las personas, incluidas las de aquellas que están bajo custodia del Estado.
Hasta ahora han muerto en disturbios carcelarios casi 500 reclusos en los últimos dos años, de acuerdo con datos de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Türk señaló que las medidas de emergencia, incluido el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pueden aplicarse, pero deben estar limitadas en el tiempo y ser excepcionales, aunque el presidente Guillermo Lasso las ha implementado en más de 10 ocasiones.
Ecuador vivió en los últimos días una escalada en su crisis de inseguridad con motines carcelarios, asesinatos de políticos, amenazas a periodistas, y ataques a edificios gubernamentales, medios de transporte público y vehículos privados.
El comisionado se refirió también a los choques violentos entre comunidades indígenas y campesinas, por un lado, y autoridades y empresas mineras, por otro, tras el decreto ejecutivo que permite iniciar operaciones mineras sin consulta previa, libre e informada a las comunidades.
Según Türk, eso representa un retroceso preocupante en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, que deben ser escuchados y no reprimidos, como ocurrió recientemente en Las Naves, provincia de Bolívar, y en Sigchos, Cotopaxi.
Las medidas basadas en los derechos humanos que aborden las causas profundas de la violencia permitirán la seguridad pública y la cohesión social, afirmó el representante de la ONU.
Para la mayoría de los ecuatorianos, la inseguridad es su principal preocupación y depositan las esperanzas en las elecciones del 20 de agosto, cuando elegirán alpresidente, vicepresidente y asambleístas. lam/avr
