Como medida para enfrentar los actos delictivos, el presidente Guillermo Lasso decretó esta semana estado de excepción con toque de queda en las provincias de Manabí y Los Ríos, y en el municipio Durán, en Guayas, una decisión que no es bien vista por el gremio turístico.
En Esmeraldas, uno de los destinos favoritos de los turistas quiteños, aunque no rige esa normativa, los ataques armados, asesinatos, extorsiones y otros crímenes son públicos y notorios, por lo que las personas sienten temor de viajar a ese destino.
El presidente de la Federación Hotelera del Ecuador, Mauricio Letort, explicó al canal local Ecuavisa que cuando ocurren sucesos como el reciente asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, amenazas de bomba o balaceras, los potenciales visitantes lógicamente se niegan a un viaje riesgoso.
Con eso, indicó, no solamente se ven afectados los negocios directamente relacionados con el turismo, sino también tiendas, restaurantes, farmacias, taxis, entre otros.
Esto ocurre en un periodo particularmente importante para el turismo, porque los estudiantes de la región de la sierra están de vacaciones escolares y habrá un feriado largo a propósito del Primer Grito de Independencia, el 10 de agosto.
El alarmante incremento de los índices de violencia preocupa a los diferentes sectores productivos del país, que advierten los impactos negativos para la economía de ese escenario.
El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), Miguel Ángel González, afirmó que, si bien los comerciantes reajustan sus horarios, la principal afectación para los pequeños negocios es que los ciudadanos evitan exponerse y limitan sus salidas.
Eso genera menos ventas y reduce, por tanto, la actividad económica y la generación de empleo, aseguró González citado por el diario El Universo, que citó estimaciones del Banco Mundial sobre cómo la inseguridad podría tener un costo de hasta 3,5 por ciento del Producto Interno Bruto.
La violencia, junto con los frecuentes motines carcelarios, dominan el escenario en Ecuador, que se encuentra a menos de un mes de ir a las urnas para elegir al sucesor del presidente Guillermo Lasso y a los 137 legisladores.
Las constantes declaratorias de estados de excepción no frenan a la delincuencia ni a las bandas criminales y crecen las preocupaciones sobre cuánto esa situación puede incidir en el escenario electoral.
Además, existen rumores de un pacto gubernamental con líderes de pandillas criminales, aunque el mandatario afirma que no hay ningún acuerdo.
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