Testigos citados en la prensa local señalaron que tres personas en una motocicleta dispararon contra los uniformados y antes de huir les robaron sus armas.
Horas después del crimen, ocurrido en Samborondón, provincia de Guayas, el comandante de la Policía, general Willian Villarroel, confirmó la versión de los testigos e indicó que analizan dos hipótesis sobre el homicidio: el robo y que también los policías habrían recibido amenazas.
A través de su cuenta en Twitter la Policía Nacional anunció luego la retención de cuatro sujetos presuntamente implicados en el asesinato, pero luego eliminó el mensaje y aclaró a los medios que ellos no están implicados.
El hecho tiene lugar en medio de la ola de violencia en el país, que esta semana vivió una escalada de asesinatos, ataques armados, y motines carcelarios, a pesar de las declaratorias de estado de excepción por parte del presidente Guillermo Lasso.
La ciudadanía exige al gobierno acciones efectivas para frenar la inseguridad, sin embargo, eso es difícil si el Ministerio del Interior no utiliza el presupuesto asignado para fortalecer a la fuerza pública.
Esa cartera ejecutó en el primer semestre del año el 8,8 por ciento de los 96,9 millones de dólares asignados para combatir a la delincuencia y eso se traduce en falta de equipamiento y protección para la fuerza policial.
Los recientes estados de excepción no frenan a la delincuencia y crecen las preocupaciones sobre cuánto esa situación puede incidir en el escenario electoral.
Entretanto, crecen los rumores de un pacto gubernamental con líderes de pandillas criminales, aunque el mandatario afirma que no hay ningún acuerdo.
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