Podría ser necesario congelar la iniciativa para “calmar la situación, generar confianza y fortalecer la solidaridad”, afirmó el titular de la Alia (migración), Ofir Sofer, en declaraciones a la radioemisora Kan.
Siento que se llegó a un punto en el que tenemos que hacer un gran esfuerzo, subrayó el funcionario.
No estoy seguro de si lo que digo es popular entre todos mis electores, pero lo digo porque lo creo, afirmó Sofer del partido ultraderechista Sionismo Religioso, muy vinculado a los colonos.
Por su parte, el titular de Agricultura, Avi Dichter, instó a “los cuerdos de ambos lados” a debatir la propuesta para oponerse a los “fanáticos de cada lado”.
No ignoro la difícil brecha que estamos atravesando, la disputa se cruza entre nosotros, la discordia divide, escribió en Facebook.
Las protestas escalaron esta semana tras una votación en la Knesset (Parlamento) que eliminó la cláusula de razonabilidad, la cual permitía a la justicia israelí revisar y revocar decisiones gubernamentales.
La medida fue aprobada con el respaldo de los 64 legisladores que integran el bloque en el poder sin votos en contra porque la oposición se retiró en pleno del hemiciclo en señal de protesta.
Esa iniciativa es clave en la reforma que impulsa Netanyahu, que también restringiría la capacidad del Tribunal Supremo para rechazar leyes, al permitirle a la Knesset volver a legislar normativas impugnadas por ese órgano.
El plan, además, permitiría al Ejecutivo de extrema derecha controlar el nombramiento de los magistrados.
Desde principios de año diversos sectores, desde médicos, universidades hasta sindicatos y empresarios, realizan protestas masivas en diversos puntos de la geografía nacional para denunciar la iniciativa, defendida por la derecha.
Una encuesta divulgada este viernes por el diario Maariv reveló que el 58 por ciento de los israelíes teme una guerra civil en el país.
En ese contexto, ex fiscal general y juez retirado de la Corte Suprema Menachem Mazuz llamó a esa institución a anular la ley de razonabilidad al calificarla de antidemocrática y corrupta porque “socava el papel de la corte como control y equilibrio sobre la Knesset y el Gobierno”.
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