El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, sostuvo este miércoles un encuentro a puertas cerradas con representantes del sector productivo, académico, empresarial y sociedad civil, para tomar medidas ante esa situación, que se enmarca en la ola de violencia existente a nivel nacional.
Al concluir la reunión, Muñoz informó las acciones acordadas, entre ellas que la urbe cuente con el número de policías establecido en estándares internacionales, actualmente hay 1,9 agentes por cada mil habitantes y la media debería ser 2,8, según Naciones Unidas.
Asimismo, exigirán al Gobierno del presidente Guillermo Lasso presentar al país el plan nacional de seguridad, reforzar los controles migratorios y que entregue los 359 millones de dólares que el Ejecutivo debe al municipio.
Hay ausencias imperdonables por parte del Gobierno en la grave coyuntura actual, declaró el alcalde, quien recordó que es la administración central quien tiene las competencias sobre cuestiones de seguridad pública.
Precisó que por un lado se desconoce la estrategia de seguridad nacional y por tanto no hay objetivos compartidos, y por otro hay gran cantidad de recursos depositados fuera del país y parte de ellos podrían canalizarse para cumplir ese plan.
Otra de las acciones propuestas están dirigidas a la administración de justicia, para que investigue a jueces que le han dado la espalda a la ciudadanía y no sean cómplices de la impunidad.
La Secretaria de Seguridad de Quito, Carolina Andrade, explicó que hasta el 28 de julio la ciudad registró una tasa de 166 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Por un lado tenemos lo que es delincuencia común, es decir, robos a personas, vehículos o viviendas que sí han disminuido, pero los homicidios subieron un 88 por ciento en comparación con el año pasado y eso ocurre en un contexto de alza de los crímenes a nivel nacional, indicó Andrade.
Añadió que en la urbe capitalina ese aumento se debe, fundamentalmente, a las redes de microtráfico.
No sólo Quito, Ecuador sufre una ola de violencia que las autoridades atribuyen a las disputas de bandas rivales por el control del tráfico.
La crisis de inseguridad es actualmente la principal preocupación de los ciudadanos que ven en las elecciones del 20 de agosto, cuando elegirán presidente, vicepresidente y asambleístas, una esperanza para frenar los robos, secuestros, asesinatos, extorsiones y otros crímenes.
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