El Comité de Apoyo a los Periodistas precisó en un comunicado que durante ese mes se contabilizaron 19 ataques a comunicadores palestinos con balas, bombas de gas y palizas mientras cubrían los crímenes en los territorios ocupados.
Durante ese lapso, siete trabajadores del sector fueron detenidos o convocados para interrogarlos.
Las autoridades israelíes emitieron o prorrogaron contra tres de ellos órdenes de detención administrativa.
Esa norma es utilizada para arrestar a palestinos por intervalos renovables que suelen oscilar de tres a seis meses sobre la base de pruebas no divulgadas, que incluso el abogado del acusado tiene prohibido ver.
Sistemáticamente numerosos detenidos bajo esa medida inician huelgas de hambre por tiempo indefinido para denunciar sus casos y forzar a las autoridades israelíes a liberarlos.
Los palestinos y los grupos de derechos humanos denuncian que la detención administrativa viola el debido proceso judicial porque permite no presentar pruebas contra los presos mientras permanecen detenidos durante largos períodos sin ser acusados, juzgados o condenados.
El comité denunció que en julio las fuerzas israelíes impidieron a los periodistas en 25 ocasiones cubrir “las violaciones de la ocupación contra ciudadanos en los territorios palestinos ocupados”.
Además, prohibieron viajar a una comunicadora y allanaron la vivienda de Jawed Al-Tamimi, corresponsal de la agencia oficial de noticias Wafa.
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