Vásquez garantizó que el Consejo Superior Policial separará de las filas a los miembros que, de acuerdo con las indagaciones, hayan incurrido en actos indecorosos, e indicó que la reforma policial avanza en favor de la seguridad ciudadana.
Señaló, además, que la cartera de Interior y la Policía Nacional trabajan de forma permanente en todo el país, con el objetivo de contrarrestar la delincuencia y actos violentos.
Este jueves el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional fue apoderado de la solicitud de prisión preventiva en contra de 12 personas vinculadas a una red dedicada a eliminar antecedentes penales.
En la instancia, los fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Sourelly Jáquez y Andrés Mena, pidieron prisión para Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República (PGR).
De igual manera, contra Rubén Darío Morbán, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa, Laudelina Esther Reyes, así como los empleados de la PGR, Pilar Yrenes Medina y Domingo Julio Santana.
La medida de coerción incluye a Yokaira Elizabeth Carmona, al expolicía Luis Alfredo Astacio, Ashley Darleni Morbán, el miembro de la Policía Nacional Antony Vicente Ferrer, además de Romanqui Alexander Dotel y Dilcia Argentina Núñez.
Otros siete fiscales son investigados por el mismo caso y contra ellos el Ministerio Público solicitará un juez especial.
Esos individuos están implicados en una red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que recibían sobornos por eliminar antecedentes penales relacionados con narcotráfico, asesinatos, robo, violaciones sexuales, entre otros delitos.
La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, reveló este jueves que personal de la jurisdicción que dirige también recibió sobornos para borrar registros oficiales de ciudadanos condenados, y aseguró que desconocía esas actividades ilegales, publicó Diario Libre.
De acuerdo con el Ministerio Público, con el trabajo de la supuesta red se beneficiaron sicarios, narcotraficantes, acusados de violencia sexual y de género, entre otros.
Durante los allanamientos la madrugada de este martes en el Distrito Nacional y en las provincias Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís, se ocuparon evidencias de los delitos antes mencionados, como dispositivos electrónicos, pruebas de transferencias bancarias, armas de fuego, automóviles, dinero en efectivo y copias de cédulas.
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