Da Cunha, exdirector adjunto de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), estaba al mando de ese órgano cuando el 8 de enero ocurrió la invasión y depredación de las sedes de los tres poderes en Brasilia.
La iniciativa de escucharlo partió del senador Esperidião Amin, para quien la ABIN se omitió durante el episodio de las acciones antidemocráticas.
Días antes de la tentativa golpista, el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) remitió un informe secreto, elaborado por la ABIN, al Congreso Nacional.
El envío del documento mostraría que el Gobierno federal sabía de la posibilidad de eventuales ataques.
La agencia informó que identificó la convocatoria de diversas caravanas con dirección a esta capital. En el texto, habría señalado los riesgos de posibles disturbios, pero no se hizo nada.
Servidor de carrera del órgano desde 1999, Da Cunha coordinó las acciones de inteligencia relacionadas con la organización de la Copa del Mundo de 2014 y la Olimpiada de 2016, eventos deportivos realizados en el gigante sudamericano.
Ocupaba la dirección de la ABIN, órgano subordinado al GSI, en el día de los episodios violentos y vandálicos en las sedes del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo en esta capital.
Asumió el cargo en enero, de forma interina, y salió el 2 de marzo, cuando Luiz Fernando Corrêa tomó posesión del puesto tras haber sido aprobado por el Senado.
En abril, Da Cunha asumió la jefatura de la Asesoría Especial de Planificación y Asuntos Estratégicos del GSI, en el que permaneció hasta el 2 de junio.
También las solicitudes para escuchar el exdirector de la ABIN fueron presentadas por legisladores militantes del Partido Liberal, al que pertenece el exmandatario Jair Bolsonaro, objeto de solicitud de citación, pero, por acuerdo, no mencionado en estas convocatorias.
La audiencia de Da Cunha marcó el regreso de la CPI, instalada en mayo y que tiene hasta finales de noviembre para concluir los trabajos y aprobar un informe final.
Hasta la fecha, el colegiado escuchó varios nombres relacionados con el bolsonarismo (adeptos de Bolsonaro), como su exayudante de órdenes, el teniente coronel Mauro Cid.
Por el intento golpista, la Fiscalía General denunció penalmente a mil 390 personas por varios delitos, como crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación criminal, incitación al crimen, destrucción y deterioro o inutilización de bien especialmente protegido.
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