En este primer bloque, la Procuraduría General de la República (PGR) defiende la punición de 40 imputados por crímenes como asociación criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daño calificado y grave amenaza, con empleo de sustancia inflamable, contra el patrimonio de la Unión y considerable perjuicio para la víctima.
Sumadas, las penas pueden llegar a 30 años de prisión.
En los alegatos finales, la PGR sostiene que hubo una estructuración preliminar de las acciones antidemocráticas antes del 8 de enero, pues había un propósito deliberado de toma del poder.
«La forma en que actuaron los invasores demostró, por un lado, la estructuración del grupo criminal y, por otro, la fragilidad de la contención impuesta por la PMDF (Policía Militar del Distrito Federal), especialmente en razón de la ausencia del efectivo policial necesario para impedir el avance de la turba», indicó la Fiscalía en su pedido.
El STF abrió procesos penales contra mil 290 acusados de participación en los actos de depredación de las sedes de los Tres Poderes, en Brasilia.
Las denuncias, divididas en ocho bloques, fueron presentadas desde abril.
En todos los casos juzgados, hasta ahora, la Corte Suprema decidió, por mayoría, tornar reos a los participantes en episodios golpistas.
Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, grupos de extrema derecha adeptos del exmandatario Jair Bolsonaro irrumpieron violentamente y saquearon el 8 de enero los edificios del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Los vándalos también dañaron obras de arte y destruyeron muebles y equipos de trabajo.
Por esos hechos se abrieron varias líneas de investigación que condujeron a la detención de varios de los terroristas y se arrestó al exsecretario de Seguridad Pública del DF Anderson Torres.
La Comisión Parlamentaria de Investigación de los actos golpistas reanudó la pasada semana sus trabajos con el testimonio de Saulo Moura da Cunha, exdirector adjunto de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN).
Da Cunha estaba al mando de ese órgano cuando ocurrió la invasión y depredación de las instituciones.
La iniciativa de escucharlo partió del senador Esperidião Amin, para quien la ABIN se omitió durante el evento de las acciones antidemocráticas.
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