Fuentes judiciales precisaron que recibieron esa condición 25 mujeres y 47 hombres, y que desde el 7 de agosto fueron concedidas 162 liberaciones (100 hombres y 62 mujeres).
Actualmente, siguen detenidas por las acciones antidemocráticas 128 sujetos (115 hombres y 13 mujeres), 49 arrestados el 8 y 9 de enero, tras los hechos, y 79 en operaciones policiales realizadas en los últimos meses.
Todas estas personas fueron denunciadas por crímenes de asociación criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y grave amenaza.
Responden también por empleo de sustancia inflamable contra el patrimonio de la Unión y con considerable perjuicio para la víctima, deterioro de patrimonio derribado y concursos de personas y material.
De Moraes consideró que el escenario fáctico hasta entonces vigente fue alterado en razón del cierre de la fase de instrucción procesal de los 228 presos, con la audiencia de 719 testigos de acusación y 386 de defensa, y la realización de todos los interrogatorios.
Con lo anterior, de acuerdo con el juez, ya no se justificaba la prisión cautelar, sea para la garantía del orden público o la conveniencia de la instrucción criminal.
Según la evaluación del ministro, no estaba más presente la posibilidad actual de reiteración del crimen, y pasó a ser inexistente el riesgo de interferencia en la producción de pruebas.
El magistrado sustituyó la prisión preventiva por medidas cautelares, como prohibición de ausentarse del territorio local y de Brasil, así como recogida a domicilio en la noche con el uso de tobillera electrónica.
De igual manera estableció la cancelación de todos los pasaportes, la suspensión inmediata de cualquier documento de porte de armas de fuego y prohibió el uso de redes sociales y comunicarse con los demás involucrados, por cualquier medio.
Partidarios radicales del exmandatario Jair Bolsonaro disfrutaban de la instalación de campamentos, bajo patente de protestas pacíficas y libre expresión, en ciudades y en especial en Brasilia, contra el resultado de las elecciones de octubre pasado y la asunción al poder por tercera vez del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Sin embargo, el 8 de enero miles de bolsonaristas (adeptos del excapitán del Ejército y apropiados del color amarillo de la bandera) irrumpieron y saquearon los predios capitalinos del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, bajo gritos de intervención militar.
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