El Club de Prisioneros Palestinos precisó en un comunicado que seis de ellos, encerrados en la instalación penitenciaria de Raymon, se unieron a la campaña para obtener su liberación.
Saif Qassem Hamdan, Osama Maher Khalil, Qusay Jamal Khader y Saleh Raafat Rabia iniciaron la huelga hace dos semanas y en los siguientes días se fueron sumado más palestinos.
De forma paralela, unos 60 presos palestinos mantienen, desde principios de año, su negativa a presentarse ante los tribunales militares israelíes.
Hace unos días, el Club denunció que la vecina nación emitió más de mil 600 órdenes de detención administrativa en el primer semestre de 2023.
En la actualidad mil 132 personas, incluidos 18 menores, están encerrados bajo esa norma, utilizada para arrestar a palestinos por intervalos renovables que suelen oscilar de tres a seis meses sobre la base de pruebas no divulgadas, que incluso el abogado del acusado tiene prohibido ver.
Sistemáticamente numerosos detenidos bajo esa medida inician huelgas de hambre por tiempo indefinido para denunciar sus casos y forzar a las autoridades israelíes a liberarlos.
Los palestinos y los grupos de derechos humanos denuncian que la detención administrativa viola el debido proceso judicial porque permite no presentar pruebas contra los presos mientras permanecen detenidos durante largos períodos sin ser acusados, juzgados o condenados.
La decisión de poner a un palestino bajo detención administrativa la adopta el comandante militar regional sin acusación ni juicio, criticó recientemente el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados.
“Según la ley militar que se aplica en Cisjordania, una persona puede ser detenida administrativamente durante seis meses, pero la orden puede prorrogarse, por lo cual la reclusión en la práctica es indefinida y los detenidos nunca saben cuándo serán liberados”, cuestionó.
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