De acuerdo con una convocatoria del Ejecutivo, esa será la intención de una reunión que organiza el Ministerio de la Presidencia para el próximo miércoles con la Confederación de Jubilados y Pensionados para hablar sobre mejoras a sus aspiraciones.
A la cita asistirán los titulares de Economía y Finanzas, Héctor Alexander; y el de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, proponentes del convenio con la filial de la trasnacional canadiense First Quantum; y el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, entre otras autoridades.
En la carta de invitación se señala que el objetivo de la reunión es “plantearnos y sustentar sus aspiraciones de mejoras en diferentes temas que tocan a su entidad y conocer de primera mano los avances y posibilidades de hacer realidad las propuestas enmarcadas en el Proyecto de Ley del Contrato Minero”.
Para analistas, el tono de la misiva evidencia un claro condicionamiento de las aspiraciones de mejora en las pensiones mínimas a la aprobación del contrato minero, que espera ser debatido en la Asamblea Nacional (Parlamento).
El pasado 3 de agosto, Alfaro defendió el convenio ante los diputados y expuso que del fideicomiso creado se destinarían casi 200 millones de dólares al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CSS, los que se usarían para aumentar las jubilaciones a aquellos que percibieron menos de 350 dólares mensuales.
Para las organizaciones y representantes de la sociedad civil, un problema es la situación financiera del IVM cuyos recursos se agotarán para poder cumplir con el pago de las jubilaciones y otro es el problema de bajos por ingresos las pensiones mínimas de muchos jubilados.
El economista y exdirector de la CSS, Juan Jované, dijo al diario La Prensa que este condicionamiento del Ejecutivo juega con la necesidad de los pensionados, muchos de los cuales están por debajo de la línea de la pobreza.
Por su parte, la Alianza Pueblo Unido por la Vida rechazó ese contrato e invitó a los legisladores a desaprobarlo en su primer debate.
En un comunicado de la agrupación, se alertó además que de cara a comicios generales de 2024, los políticos tradicionales están en la búsqueda de recursos para financiar su campaña mediante el clientelismo.
En ese sentido, señalan, no escatiman escrúpulos para aprobar un proyecto tan lesivo para los panameños a cambio de estos fondos.
Es inmoral, que el gobierno nacional pretenda chantajear a la población al vincular las mejoras en las pensiones, la sostenibilidad de la CSS y la inversión en Educación a condición de que sea aprobado el contrato minero, indicó el mensaje.
De acuerdo con la alianza, la devastación producida por esta actividad compromete los recursos naturales e impiden que Panamá avance hacia un modelo de desarrollo sostenible, equitativo y solidario.
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