De acuerdo con Reale Jr., existe la posibilidad real de Bolsonaro andar suelto y fraudar pruebas.
Algunos elementos de cárcel provisoria aparecen porque «se justifica para evitar que la persona con poder, en ese caso, pueda interferir para evitar la obtención de pruebas», alegó.
Y ese hecho de la recompra de un caro reloj, explicó el jurista al portal UOL, «que es obstrucción de pruebas, sin duda alguna, justificaría una prisión preventiva».
En tanto, el parlamentario Rogério Correia demandó retenerle el pasaporte al exmandatario, acción que sería «esencial, una vez que indicios dan cuenta de que Bolsonaro utilizó estructuras del Estado para desviar prendas de alto valor».
Joyas, armas y piedras preciosas, regalos de autoridades internacionales al Gobierno de Brasil, fueron blanco de acciones y ventas ilegales de cercanos a Bolsonaro, como el exayudante de órdenes Mauro Cid, actualmente detenido, en beneficio de su familia.
Correia y otros legisladores consideran que hay fuertes indicios de que los valores obtenidos con la venta de un reloj Rolex y otros movimientos sirvieron como fuente de financiación para el golpe contra las sedes de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero y el enriquecimiento ilícito del expresidente.
La Policía Federal indica además la venta de «varias joyas nuevas», no señaladas en las investigaciones anteriores.
Esa fuerza del orden público indaga el desvío de artículos de alto valor a Estados Unidos para la subasta y posterior enriquecimiento ilícito. «Los recursos entonces serían enviados en especie a Jair Messias Bolsonaro, evitando deliberadamente pasar por los mecanismos de control y el sistema financiero formal, posiblemente para evitar el seguimiento por las autoridades competentes», afirma la carta del ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, que autorizó la operación.
El portal Rede Brasil Atual indica que la prisión preventiva es una medida cautelar prevista en el Código de Proceso Penal brasileño que busca garantizar la eficacia del proceso penal, evitando que el acusado pueda interferir en las investigaciones, entorpecer la producción de pruebas, huir o cometer nuevos crímenes.
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