El sitio de la Presidencia publicó que la medida está contenida en el Decreto 375-23 y tiene como objetivo agilizar la asistencia a ese territorio, donde la tragedia del lunes pasado en una zona comercial dejó también unos 60 heridos y daños de magnitud en edificios, negocios y vehículos.
Ante la evaluación preliminar de los daños sufridos por la población, el Ejecutivo autorizó a instituciones del Estado a «realizar los procesos de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras como una emergencia nacional», para contrarrestar los efectos del siniestro.
Puntualizó que dichos organismos deberán efectuar esos procedimientos ajustados a las disposiciones de la Constitución de la República y la normativa vigente en materia de contrataciones públicas.
A su vez, deberán rendir un informe detallado sobre lo realizado a la Contraloría General y a la Cámara de Cuentas, además de difundirlo en su propio Portal.
Entre las instituciones autorizadas a prestar asistencia figuran el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Servicio Nacional de Salud, el Programa de Medicamentos Esenciales y la Defensa Civil.
También la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia,
los Ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones y de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones;
Plan de Asistencia Social de la Presidencia; Comedores Económicos del Estado; Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, entre otros.
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