En una declaración, ese mecanismo que integra a los siete pueblos originarios y las 12 estructuras de Congresos y Consejos, pidió al Gobierno “declarar la nulidad del título de propiedad otorgado a la Empresa Sinclair Oil Panamá”, que afecta desde 2012 a las comarcas Embera Wounaan y la de Wargandi, así como áreas protegidas en territorios colectivos.
Según el texto ese consorcio estadounidense inició su trabajo de campo en 1923, cuando el Estado le otorgó la concesión de exploración de petróleo en áreas donde se ubica el territorio ancestral de Tagarkunyala.
Ya para 2017, añadió, el Registro Público lo convirtó en Titulo de propiedad a favor de la compañía Sinclair Oil Panamá, sobre una área de 326 mil hectáreas de tierra, sin tomar en cuenta que esa concesión invade propiedad colectiva de las comarcas Emberá Wounaan(constituida legalmente en 1983) y Kuna de Wargandi (2000).
La denunció de la Coonapip agregó que la adjudicación de título de propiedad a esa filial de la compañía norteamericana viola flagrantemente los derechos colectivos humanos de los pueblos indígenas de Panamá, y las normativas constitucionales y especiales.
Los originarios recordaron que la Constitución establece en su artículo 127 que el Estado garantizará a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social.
También la ley de leyes regula los procedimientos que deban seguirse para lograr esta finalidad y las delimitaciones correspondientes, dentro de las cuales se prohíbe la apropiación privada de tierras.
Además demandó que se respete el compromiso adquirido por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, de salvaguardar los territorios indígenas, para lo cual se instaló una mesa de diálogo al más alto nivel, encabezada por la cartera de Gobierno a través del Viceministerio de Asuntos Indígenas.
Las autoridades tradicionales anunciaron que no descartan proceder con sendas demandas penales y civiles contra la empresa por los daños y perjuicios causados a los pueblos originarios y las afectaciones a la naturaleza en los parques y áreas protegidas, en particular Darién, declarado Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera.
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