El portal G1 indica que la Operación Negligencia es resultado de la denuncia que el Grupo Estratégico de Combate a los Actos Antidemocráticos de la Procuraduría General de la República (PGR), coordinado por el subprocurador Carlos Frederico Santos, envió esta semana al Supremo Tribunal Federal (STF).
Según la PGR, la jefatura de la PM dejó de actuar para impedir el vandalismo contra las sedes de los Tres Poderes en Brasilia, en razón del alineamiento ideológico con los manifestantes golpistas, en su mayoría adeptos extremistas del exmandatario Jair Bolsonaro.
Todos son acusados por los crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, deterioro de patrimonio derribado y por infringir la Ley Orgánica y el Regimiento Interno de la PM.
A lo largo de siete meses de investigación, la PGR descubrió que los oficiales policiales comenzaron a intercambiar mensajes con contenido golpista y a difundir informaciones falsas antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 30 de octubre.
La Fiscalía General verificó, además, que la PM del Distrito Federal (DF) seguía las movilizaciones en el campamento golpista montado en los alrededores del Cuartel General del Ejército, en Brasilia.
También los fiscales tienen indicios de que la dirección de la PM infiltró agentes de inteligencia entre los manifestantes para obtener información y tenía plena conciencia de la magnitud y la gravedad de los actos que se planeaban para el 8 de enero.
Los documentos y los intercambios de mensajes obtenidos por la PGR contradicen la versión presentada por la jefatura de la PM en el DF de que el sistema de inteligencia falló al no avisar a la corporación sobre el riesgo de invasión de los edificios de los Tres Poderes.
Despachada por el ministro Alexandre de Moraes, del STF, la orden prevé también el bloqueo de bienes, allanamientos y separación de las funciones públicas ejercidas por los investigados, todos comandantes y en altos cargos de la PM en el DF.
Bajo pedidos de intervención militar y en rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, partidarios radicales de Bolsonaro invadieron y saquearon el 8 de enero las capitalinas sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
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