El pasado mes fue el más violento del presente año, señaló el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el que achaca parte de estos índices a las estructuras criminales que operan en las cárceles.
La cifra de crímenes llegó a 273, con la mayor violencia reflejada en los departamentos de Izabal, Sololá, Chimaltenango y Alta Verapaz, no obstante a que se redujo en esta capital y Quetzaltenango, subrayó el texto.
Las denuncias por extorsiones reflejaron la mayor cantidad en 19 meses, para una tasa interanual de 89,9 por cada cien mil habitantes, acotó el CIEN.
El analista de esa entidad, Walter Menchú, reflexionó que en los últimos 12 años ningún gobierno guatemalteco pudo controlar las cárceles, a pesar de que apareció entre las principales promesas en campañas.
La también investigadora del CIEN, Corinne Dedik, comentó que, si bien administraciones anteriores emprendieron acciones, como reubicación de reos peligrosos e instalación de escáner para controlar los ingresos de los visitantes, no son integrales.
Además, aseveró, con los cambios de ejecutivo a los cuatro años los proyectos quedaron relegados.
“Nueve de cada 10 extorsiones se hacen con llamadas telefónicas que salen de las prisiones”, describió Dedik.
Muchas de ellas son para ordenar homicidios porque las víctimas no pagan lo que les exigen o para coordinar robos, remarcó.
En las cárceles hay redes de crimen organizado. Los reos aún pertenecen a estructuras criminales que operan en el exterior, advirtió la experta.
Tomar el control de esos centros fue una promesa del presidente Alejandro Giammattei durante su campaña, en 2020 vino la pandemia de la Covid-19 y otra vez el tema quedó olvidado, indicó, por su parte, Menchú.
La inseguridad debido a estos flagelos, coinciden reportes, tiene un impacto directo en el patrón de comportamiento de las personas, limita su convivencia pública, recreación y desplazamiento por ciertas zonas y horarios en toda Guatemala.
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