El propósito es restituir derechos a los trabajadores del sector privado, dejados sin efecto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas de esta isla del Caribe, en bancarrota desde 2016.
Hernández Montañez indicó, junto al presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara, Domingo Torres García, que durante la sesión legislativa de este lunes aprobarán un proyecto que contiene las disposiciones de la Ley 41-2022.
Esta vez se incluirá de un informe de impacto fiscal, según requiere la Sección 204(a) de la Ley Promesa, que será preparado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).
“La protección de los derechos de los trabajadores de la empresa privada seguirá siendo una prioridad durante la sexta sesión ordinaria”, precisó Hernández Montañez, del Partido Popular Democrático (PPD), al referir que el cuerpo legislativo ha liderado una ofensiva para alcanzar este objetivo, incluida la aprobación de la Ley 41-2022.
La JSF reclamó en los tribunales que se declarara nula la legislación, basado en una visión filosófica que excede la autoridad concedida por el Congreso de los Estados Unidos.
El diputado Torres García recordó que la medida, presentada con el respaldo de la delegación del PPD, devuelve los 15 días de vacaciones a los empleados de la empresa privada.
También concede las protecciones de licencia a los empleados de jornada parcial, integrado principalmente por madres jefas de familia, estudiantes universitarios y personas retiradas.
Además, reduce la cantidad de horas para el bono de navidad a 700 y 900 horas, dependiendo del tamaño operacional de la empresa, y revierte al patrono el peso de la prueba en casos de un despido injustificado, para evitar exponer al empleado al proceso de demostrar que el patrono violentó la ley.
Precisamente, las objeciones económicas utilizadas de la JSF para oponerse a estas enmiendas fueron derrotadas en el Informe 2024-005 de agosto de 2023 preparado por la OPAL, la cual demostró que la base empírica para sustentar sus argumentos fueron deficientes.
Torres García reveló que los abogados presentarán este lunes, ante el Primer Circuito de Apelaciones de Boston, una solicitud de reconsideración para el pleno de los jueces que constituyen este tribunal.
El propósito es que revoquen al panel de tres jueces que el 10 de agosto confirmó al Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico para declarar nula la Ley 41-2022, detalló el diputado sobre el remedio judicial solicitado.
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