Las integrantes de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, el Centro de Derechos de Mujeres, el Centro de Investigación y Capacitación, Apoyo a la Mujeres y Juventudes, lanzaron la campaña regional: “Ciudadanía e Instituciones Activas contra la Violencia hacia las Mujeres”.
Precisó el periódico que el objetivo de la campaña es concienciar sobre el compromiso de los Estados para transformar las causas sociales, culturales y estructurales de la violencia feminicida contra las mujeres en el área centroamericana.
Asimismo la campaña se realiza en el marco del proyecto: “Mujeres Activas contra la Violencia de Género en Centroamérica”, en donde participa El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y cuenta, además, con el apoyo de la Iniciativa Cristiana Romero y el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo.
“Centroamérica libre de violencia sexual: es el mandato de los gobiernos y el derecho de las mujeres”, afirmaron las organizaciones citados por la publicación.
Ese será uno de los mensajes clave de esta cruzada en donde se reitera que la violencia contra las féminas solo puede ser erradicada con las sinergias ciudadanas y gubernamentales, y también atendiendo las raíces que legitiman, naturalizan y toleran la violencia sexual y feminicida, apuntó Colatino.
Cifras recolectadas de las instituciones y organizaciones feministas indican que en el año 2022 en Guatemala se registraron 668 feminicidios y muertes violentas de mujeres. Mientras, en El Salvador, el reporte es de 68; Honduras 390 casos, y en Nicaragua reportan 57 casos, reseñó.
Añadió que en cuanto a las denuncias por violencia sexual, los datos de 2020-2021, revelaron que en Guatemala se registraron 24 mil 593 denuncias; en Honduras dos mil 896, en El Salvador tres mil 567 y en Nicaragua siete mil 611 denuncias por violencia sexual.
Precisan los organizadores que para erradicar la violencia sexual es necesario eliminar prácticas, comportamientos y acciones sociales, culturales e institucionales que están perpetuando estas situaciones.
Las organizaciones consideran importante que las autoridades ejerzan su responsabilidad de implementar medidas gubernamentales y políticas públicas para transformar comportamientos que toleran o promueven la violencia contra las mujeres.
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