Estos pedidos deberán ser definidos por el titular de la CPI, Arthur Maia.
La ponente del caso, senadora Eliziane Gama, defiende las violaciones de la confidencialidad de Bolsonaro, Delgatti y de los oficiales que habrían participado de una reunión en el Ministerio de Defensa sobre las urnas electrónicas.
También la oposición quiere agendar la declaración del exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, general de la reserva Marco Edson Gonçalves, exonerado por el Gobierno después de los ataques del 8 de enero.
El senador Marcos señala que el militar ya es investigado por el Supremo Tribunal Federal (STF) ante supuesta omisión en las acciones antidemocráticas.
Medios periodísticos indican que la manifestación de Gonçalves resulta inaplazable, pues como miembro del alto mando, con poder de decisión, no activó la Fuerza de Seguridad que estaba en alerta cuando ocurrieron los hechos.
Aseguran que hubo una sucesión de omisiones que llevaron a esa ocupación criminal.
Informes revelan que este general habría facilitado la llegada de manifestantes, incluso, a sitios de armamentos.
Para el jueves, deberá prestar testimonio Luis Marcos dos Reis, sargento del Ejército que integraba el equipo de la Ayuda de Órdenes de Bolsonaro.
Detenido desde mayo por presunto fraude en la tarjeta de vacunación del político ultraderechista, el suboficial movió más de tres millones de reales (un poco más de 600 mil dólares) entre junio de 2021 y agosto de 2023, y participó en la tentativa golpista del día 8.
El hacker Delgatti afirmó la pasada semana que estaría dispuesto a un careo con Bolsonaro, quien le ofreció indulto de ser detenido si invadiría las urnas durante las pasadas elecciones.
Confirmó en la CPI que se vio en agosto de 2022 con el excapitán del Ejército en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial de los mandatarios en Brasilia.
Durante su testimonio, el ciberpirata reveló además que Bolsonaro le orientó ir al Ministerio de Defensa y explicar a técnicos cómo defraudar las urnas.
También le pidió que asumiera la autoría de un clip contra el ministro Alexandre de Moraes, del STF, y le aconsejó usar un «código fuente falso» para decir que el del Tribunal Superior Electoral era susceptible de fraude.
Bajo pedidos de intervención militar y en rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, partidarios radicales de Bolsonaro invadieron y saquearon el 8 de enero las capitalinas sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
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