Bandera del agronegocio, el llamado marco temporal dificulta la jurisdicción de patrimonios nativos y ahora será remitido a la Comisión de Constitución y Justicia, antes de ir al pleno de la asamblea senatorial.
La ponente, la senadora Soraya Thronicke, mantuvo el mismo texto aprobado en mayo por la Cámara de Diputados.
Defendida por ruralistas, la tesis prevé que una tierra indígena solo puede ser demarcada caso sea comprobado que ella era habitada por indígenas el 5 de octubre de 1988, fecha de la promulgación de la Constitución brasileña.
En el texto presentado, Thronicke argumenta que la iniciativa da previsibilidad al criterio para las circunscripciones de terrenos originarios.
Refiere que «el Estado brasileño necesita delimitar el entendimiento acerca de tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas».
Ambientalistas critican la propuesta, al afirmar que puede dificultar la demarcación de nuevas tierras y abrir brechas para el avance de prácticas como el acaparamiento.
Otros especialistas denuncian que ese criterio podría poner en riesgo los mil 393 dominios aborígenes en el gigante sudamericano.
El período entre 1945 y 1988 estuvo marcado por agitación política y violaciones generalizadas de los derechos humanos en Brasil, incluyendo la dictadura (1964-1985).
De esta forma, muchos pueblos indígenas fueron violentamente expulsados de sus territorios.
El hito jurídico habría sido utilizado para anular procesos administrativos de circunscripción de tierras, como el caso de la comunidad Guayaroka, ocupada por miembros de la etnia Guarani Kaiowá.
Líderes aborígenes aseguran que el marco temporal excluye la realidad histórica y cultural de los nativos y viola tratados internacionales firmados por Brasil, como la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Con la demarcación de patrimonios, agregan, se ignora las acciones de colonizadores, latifundistas y proyectos económicos que se valieron de desalojos forzados, violencias y masacres para expulsar a los indígenas de sus territorios.
Insisten que, con la aplicación del marco temporal, se abriría «precedentes para la invasión y explotación de nuestras tierras por intereses económicos que nos afectarían no solo a nosotros, sino también a 55 millones de hectáreas de selvas nativas» por gases contaminantes.
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