En un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), el titular criticó declaraciones de la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, quien arremetió contra organizaciones como las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y el Museo Sitio de Memoria ESMA (antigua Escuela de Mecánica de la Armada).
Debemos alertar a la sociedad sobre esos discursos negacionistas que solo buscan la impunidad y el encubrimiento de quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a personas sin importar la edad, señaló Pietragalla al referirse a los horrores perpetrados durante la última dictadura cívico-militar en esta nación (1976-1983).
A algunos los arrojaron vivos al río desde aviones, a otros los enterraron en fosas comunes. Mantuvieron a mujeres embarazadas en centros clandestinos de detención, las hicieron parir en las condiciones más indignas, a algunas les practicaron cesáreas sin anestesia y luego les robaron sus hijos. ¿Qué persona de bien puede justificar estos terribles crímenes?, añadió.
El secretario recordó que este país es reconocido en todo el mundo por su política de Memoria, Verdad y Justicia, por el procesamiento de los genocidas, la reparación de graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, y la lucha y compromiso de su sociedad civil.
Existe una política en la que se comprometieron los tres poderes desde hace 20 años (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Ya se realizaron más de 320 debates orales y públicos y fueron condenados casi mil 200 represores. Más de 170 acusados fueron absueltos y otros fueron sobreseídos durante la instrucción de las causas, una prueba más del respeto de las garantías constitucionales, apuntó.
Además, señaló que todos los juicios se llevaron a cabo respetando las garantías del debido proceso: con jueces independientes, defensores públicos y privados, una fiscalía que representa la acusación pública y querellas en nombre de las víctimas.
Las sentencias son revisadas por todas las instancias recursivas hasta llegar a la Corte Suprema. La situación de quienes están detenidos en cárceles comunes también es monitoreada. Las unidades penales donde se encuentran condenados por crímenes de lesa humanidad tienen las condiciones adecuadas para alojar a personas de edad avanzada y con problemas de salud, indicó.
Pietragalla aseveró que las políticas llevadas adelante en los últimos años buscan estar en sintonía con los requerimientos de las víctimas y sobrevivientes, con quienes existe aún una deuda muy grande: poder dar una respuesta y terminar de juzgar a todos los responsables del terrorismo de Estado.
Aún quedan por investigar y juzgar muchos crímenes cometidos antes y durante la última dictadura. Constantemente se abren causas sobre hechos desconocidos por la misma mecánica clandestina de esos años, con nuevas víctimas y responsables, agregó.
Asimismo, recordó que quedan cientos de nietos que son buscados por las Abuelas y por toda la sociedad para devolverles su verdadera identidad luego de pasar años apropiados.
Los derechos humanos son parte esencial de la construcción de estos 40 años de democracia y fueron defendidos por el pueblo en cada oportunidad en que fueron amenazados, afirmó.
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