La Corte tiene, hasta el momento, cinco votos para liberar ese porte y en este caso sería de los ministros Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Edson Fachin y Rosa Weber.
Hubo un voto en contra de la liberación del permiso y fue del magistrado Cristiano Zanin, quien acordó definir una cantidad de estupefaciente que pueda distinguir entre un consumidor y un traficante.
Las demás instancias de Justicia deben seguir la decisión del órgano jurisdiccional en casos similares.
Según Weber, presidenta del Supremo, hay al menos siete mil 769 expedientes similares suspendidos en instancias inferiores de la Justicia, a la espera de una decisión del tribunal.
El caso de ahora comenzó a ser juzgado en 2015, pero acabó siendo paralizado después de un pedido de vista del ministro Teori Zavascki, quien murió en un accidente aéreo dos años después.
Con lo anterior, De Moraes heredó el proceso y liberó el expediente para análisis en noviembre de 2018.
Este jueves, el ministro André Mendonça pidió vista y la solicitud implica más tiempo para el examen del caso, resultando en el aplazamiento de la conclusión del proceso.
Para Mendes, relator del asunto en el Supremo, el consumo de cualquier sustancia es una decisión privada y un eventual daño causado recae sobre todo sobre la salud del propio interesado.
El juicio fue suspendido el 2 de agosto, cuando se formó un marcador de cuatro votos a cero a favor de la despenalización exclusivamente del porte de marihuana para uso personal.
A pesar del pedido de vista de Mendonça, algunos ministros, que aún no han pronunciado sus votos, deben presentar sus posiciones.
Weber optó por adelantar su voto debido a su jubilación en septiembre.
En lo concreto, el Supremo analiza un recurso contra una decisión de la Justicia de Sao Paulo que mantuvo la condena de un hombre por cargar tres gramos de marihuana para uso personal.
De acuerdo con el defensor público Leandro de Castro Gomes, que actúa en el caso, la ínfima cantidad de narcótico no representa un riesgo para la salud pública y solo afectaría la del consumidor.
«La Constitución Federal dispone que el Estado tiene el deber de reprimir el tráfico y la ley asegura al usuario o dependiente tratamiento legalmente diferenciado del traficante», argumentó el entonces procurador general de Sao Paulo Marcio Elias Rosa, en la tribuna del Supremo, cuando se inició el juicio hace ocho años.
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