Según la institución, estas medidas se ajustan a la Carta Política, aunque enfatizó que se requieren respuestas integrales a corto, mediano y largo plazo que no pueden ser alcanzadas únicamente a través del establecimiento de diversos estados de excepción.
No obstante, la CC llamó la atención a Lasso por la falta de prolijidad en las medidas emitidas en el pasado 10 de agosto, que tuvo que ser reemplazado enseguida por otro en el que se eliminó restricciones a la libertad de reunión porque podían afectar al proceso electoral.
Este último decreto de estado de excepción se mantiene vigente en la nación sudamericana por 60 días, después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, cuando salía de un mitin al norte de Quito, el pasado 9 de agosto.
Ecuador atraviesa por una ola de violencia e inseguridad sin precedentes en su historia y el Ejecutivo atribuye esta situación a las bandas delictivas situadas en las provincias de la Costa, debido a que están en la ruta de la droga y señala que, por ello, los crímenes responden a ajustes de cuentas entre miembros de esos grupos criminales.
Según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), en 2022 en este país andino hubo cuatro mil 824 muertes violentas, mientras que en el primer semestre de 2023 hubo tres mil 599.
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