La organización política pretende articular en el Congreso Nacional una resolución para ese acto, reveló Hoffmann al diario Folha de Sao Paulo.
El Tribunal Regional Federal de la Primera Región (TRF-1), con sede en el Distrito Federal, exoneró el 21 de agosto a Rousseff de haber cometido las llamadas pedaladas fiscales (irregularidades usadas por el Gobierno para mejorar cuentas), que fundamentó su proceso de impeachment (destitución).
«Concibo que cabe un proyecto de resolución en ese sentido con base en la decisión del TRF-1, que deja claro que el impeachment fue una gran farsa, que la historia de las pedaladas fue una trampa, literalmente un golpe. Dilma y la historia de Brasil merecen eso», afirmó Hoffmann.
La diputada tiene como referencia la devolución simbólica del mandato del gobernante João Goulart, depuesto por el golpe militar de 1964.
A partir del proyecto de los legisladores Pedro Simon y Randolfe Rodrigues, el Congreso anuló en 2013 la sesión del 2 de abril de 1964, en la cual el entonces timonel del Parlamento, Auro de Moura Andrade, declaró vacante la presidencia de la República.
En la ocasión, el otrora presidente del Congreso, senador Renan Calheiros, hizo una disculpa «por las falsedades patrocinadas por el Estado brasileño» contra un patriota.
Durante una entrevista en Luanda, capital de Angola, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentó ayer que se requiere una discusión sobre cómo reparar a Rousseff, quien actualmente es la titular del banco del Brics, grupo económico formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
«Ahora voy a discutir cómo vamos a hacer, no se puede reparar los derechos políticos si ella quiere volver a ser presidente, porque quiero terminar mi mandato. Pero hay que saber cómo reparar algo que fue juzgado por algo que no sucedió», señaló Lula.
Logramos demostrar que la expresidenta (2011-2016) no causó ningún daño a las arcas públicas, declaró en la época el abogado Ricardo Lodi Ribeiro.
«Esta es una demostración más de la farsa de la destitución, que no tenía ningún fundamento jurídico, habiendo sido solo una acción parlamentaria destinada a retirar una presidenta elegida por el pueblo», concluyó.
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