El tribunal informó la decisión tras de conocer –describió- el expediente 4986-2023 que relaciona al presidente del país, Alejandro Giammattei, el ministro de Gobernación David Barrientos, y al director general de la Policía Nacional Civil, Edwin Ardiano.
Porras exigía a los magistrados de la alta corte que se indicara a los señalados hacer cumplir el régimen jurídico, la garantía de sus derechos y la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales.
Además, solicitó medidas cautelares a favor del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y la agente fiscal Cinthia Monterroso.
Reclamó en el amparo la utilización de uniformados si fuere necesario y, cuando existan indicios claros de amenaza inminente de violencia grave, agregó.
Incluyó en la petición que se adopten las medidas preventivas en pro de la búsqueda de garantizar el cumplimiento de la función constitucional que le compete al MP.
Todo ello, explicaron analistas, a raíz de manifestaciones por las continuas interferencias en el proceso electoral y el llamado a la renuncia de Porras y los otros dos fiscales.
“Los tres alfiles del pacto de corruptos en el MP, abusando del poder, coartando la libertad política”, escribieron manifestantes el pasado viernes en una manta que colocaron en las rejas de la sede del ente investigador.
En ese mismo lugar insertaron las fotografías de Porras, Curruchiche y Monterroso, aparte de los fuertes comentarios contra ellos en las redes sociales.
“Son 2,4 millones de votos libres y democráticos. Despido ya”, subrayaron los participantes en la protesta en referencia a las papeletas de respaldo al candidato ganador del partido Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo.
A solo dos días de los comicios del domingo 20 de agosto, Curruchiche solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) datos de la primera y segunda ronda de los sufragios efectuados.
En otra acción igualmente el mismo día, la Fiscalía contra Delitos Electorales pidió retirar la inmunidad al director del Registro de Ciudadanos del ente rector del proceso de votaciones, Ramiro Muñoz, por la posible comisión de delitos.
La entidad reclamó además el levantamiento de la inmunidad de la magistrada presidente del TSE de Guatemala, Irma Palencia, por presuntos delitos.
Organizaciones locales e internacionales, incluso el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestaron preocupación por los intentos de socavar los resultados expresados en las urnas.
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