La Fiscalía relacionó a la abogada con el caso denominado Persecución Penal Ilegal y la señaló del delito de abuso de autoridad por acciones implementadas cuando investigaban a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling.
En declaraciones a la prensa, González advirtió que la orden de detención no decía mayor cosa y que el personal del MP que participó en la diligencia le indicó que estaba buscando documentos de la Cigic.
“Supongo que es por mi trabajo en la comisión, pero no sé en qué caso me están relacionando”, subrayó la jurista, a quien intimidan desde hace tiempo en las redes sociales y también tiene más denuncias en su contra.
Recordó que es abogada de distintos operadores de justicia, incluidos la exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Virginia Laparra; del exjefe de esa unidad del MP, Juan Francisco Sandoval, entre otras personas.
Precisamente uniformados autorizados allanaron esta mañana la casa de los padres de este último, donde él vivía antes de salir para el exilio en Estados Unidos.
“Lamento esta situación, es un nuevo acto de intimidación y de amedrentamiento”, expresó Sandoval, quien responsabilizó con las acciones a la jefa de la Fiscalía General, Consuelo Porras.
Organizaciones locales e internacionales deploran la criminalización y persecución auspiciada por los tres poderes del Estado contra abogados y periodistas de este territorio centroamericano.
La Cigic, respaldada por las Naciones Unidas, actuó entre 2006 y 2019, expuso a grupos criminales vinculados con el gobierno y acusó a 700 personas, incluido el expresidente de esta nación, Otto Pérez Molina (2012-2015).
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