Cuando se conmemora este 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, activistas por los derechos humanos y parientes de los ausentes caminaron hasta la Plaza Grande, frente a la sede del Ejecutivo, a exigir que sigan las búsquedas de sus familiares.
El Estado es actor, cómplice y encubridor, decía un cartel que portaba uno de los participantes en la protesta, donde también llevaban fotos y pinturas de aquellos que más nunca volvieron a ver.
Representantes de organizaciones como Luna Roja y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador afirman que lo único que reciben en medio del dolor son las espaldas de los gobiernos de turno, porque el abandono estatal sí ha estado presente.
En los primeros 70 días de 2023 se reportaron en Ecuador mil 531 casos de desaparecidos, es decir, 22 personas diarias.
Según datos oficiales, el 61 por ciento de ellos son niños, niñas y adolescentes, el 36 por ciento adultos y el tres por ciento adultos mayores.
El alza de las desapariciones tiene lugar en medio de la espiral de violencia e inseguridad en el país, que el Gobierno atribuye a las disputas de bandas delictivas por el control del tráfico de drogas, pero analistas suman a eso el abandono estatal y la falta de políticas de desarrollo social.
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